Monoblocks ocupados en el Bajo Flores: mientras se cruzan funcionarios de la Nación y la Ciudad continúa la usurpación

La ocupación de los monoblocks del barrio de Flores derivó en un nuevo conflicto político entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Mauricio Macri, mientras se agrava la situación sanitaria de las personas, entre ellas bebés y mujeres embarazadas, que se niegan a abandonar el lugar.

El hecho volvió a repetir la dinámica que tuvo en diciembre del año pasado el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano, con un juez que emite una orden de desalojo, la Casa Rosada que se niega a cumplirla y traslada la responsabilidad a la gestión porteña, que responde con duras acusaciones.

En el medio, cerca de 90 personas continuaron por sexto día consecutivo con la ocupación de los dos edificios construidos en Castañares y Portela, mientras más de 200 familias que vivían en las orillas del Riachuelo, destinatarias de esos departamentos, aguardaban la resolución de la polémica.

Pasadas las 19, y mientras el jefe de gobierno de la Ciudad terminaba una conferencia de prensa en la que lanzó duras acusaciones a la primera mandataria, mujeres y niños que están dentro del predio salieron a suplicar por agua y alimentos.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ratificó hoy la orden de desalojo con intervención de la Policía Federal, ante un recurso que presentó el Ministerio de Justicia nacional, a cargo de Julio Alak, para que la fuerza de seguridad no intervenga por considerar que "el delito de usurpación es de competencia local y debe actuar la Policía Metropolitana".

"La presidenta Cristina Fernández ha decidido que no se respete lo que decide la Justicia y que no se aplique la ley", fue la acusación de Macri, al tiempo que advirtió que "la Policía Federal no protegió el lugar" el sábado pasado, cuando se produjo la ocupación.

Al respecto, Macri reiteró que "la seguridad en la Ciudad corresponde a la Policía Federal".
Sin embargo, agregó: "Si el gobierno nacional no quiere hacerse cargo, que nos traspase la fuerza a nosotros que sí lo vamos a hacer", desafió en la sede del gobierno porteño.

Las manifestaciones se produjeron luego de que Alak confirmó que la Federal no iba a actuar y que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, le pidiera al juez Armella "extender los plazos" de su orden de desalojo para "dialogar" con los ocupantes de las viviendas.

El magistrado actúa por decisión de la Corte Suprema, que años atrás emitió un fallo en el que ordenó a las autoridades nacionales, provinciales y porteñas reubicar a todas las familias que viven en riesgo sanitario a la vera del Riachuelo.

Armella decidió anoche el desalojo debido a que las viviendas iban a ser destinadas a más de 200 familias que habitaban en esa condición en el ámbito de la Ciudad.

Sin embargo, Alak interpretó que no se trata de "un caso de conmoción interior para que intervenga la Policía Federal", sino que es "un delito penal en la que debe intervenir la policía local" .

Además, lo diferenció de lo que ocurrió en la ocupación del predio de Villa Soldati.

"En el caso de las tomas en el Parque Indoamericano del año pasado, se dio algo que lo prevé la ley de Seguridad Interior que fue un hecho que trascendió y desbordó al Gobierno de la ciudad y el mismo Gobierno local pidió la intervención de las fuerzas federales", consideró el ministro de Justicia.

Frente a esas declaraciones, Macri replicó: "Esto significa que mañana, si le usurpan la casa, el gobierno nacional no va a ayudar a que recupere lo que es suyo. Va a dejar que cualquier grupo de violentos ocupe su casa y usted se quede sin vivienda".