Aquellas cabeza de familia que tengan una condena de ocho años o menos, comenzarán a quedar en libertad en Colombia cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario, como una medida sustitutiva de su condena.
Por Canal26
Martes 5 de Septiembre de 2023 - 21:21
Mujer encarcelada. Foto: Unsplash
Un decreto del Ministerio de Justicia que regulariza la ley firmada por el presidente colombiano Gustavo Petro el pasado 8 de marzo, busca "reglamentar la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión".
Así, aquellas madres con penas por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros, podrán salir de prisión a cambio de la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad. No podrán hacerlo quienes hayan sido condenadas por uso de menores para la comisión de delitos o por violencia intrafamiliar.
El presidente, impulsor de la ley, había afirmado previamente que el objetivo es el de evitar que "si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá".
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE.
Petro se mostró entusiasmado con la nueva reglamentación, ya que resaltó la importancia de que "las presas se junten con sus hijos, liberadas, que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas; quitar esas cadenas entre el amor es lo que nos permite ser una mejor sociedad".
Según el Gobierno, la medida apunta a una "resocialización" y la "garantía de los derechos humanos" de las mujeres condenadas para que puedan obtener una disminución en sus penas privativas de la libertad, que está en el Plan Nacional de Política Criminal.
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Otra de las causas de la reglamentación tiene que ver con el alto hacinamiento y malas condiciones que sufren las mujeres en las cárceles colombianas: están presas en 45 cárceles del país, recluidas comúnmente en instalaciones improvisadas dentro de penales para hombres. Solo seis establecimientos están diseñados para recluir exclusivamente a mujeres y están en Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Popayán y Manizales.
En los centros penitenciarios también existen dificultades para garantizar el acceso a condiciones dignas y a los servicios básicos como salud, higiene y espacio suficiente para las personas privadas de libertad. A esto se suma el deterioro de la infraestructura de las cárceles que suele ser deficiente y carente de mantenimiento. Además, la falta de personal y la escasez de proyectos de educación y rehabilitación impactan negativamente en el proceso de reinserción social.
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