Reforma judicial: Senado avanzó con debate y buscan firmar dictamen este miércoles para que se debate la semana próxima

El debate se desarrolla en una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.

Por Canal26

Martes 18 de Agosto de 2020 - 20:46

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Con una nueva ronda de invitados, la Cámara de senadores continuó hoy con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, aunque aún no se avanzó en la firma del dictamen, que podría ser mañana.
  

Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
  

La reunión informativa pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16:00, cuando según adelanto Sacnun se "analizarán las distintas reformas" propuestas por los legisladores, aunque no precisó si está previsto que se firmen dictámenes.

 

El primero en exponer fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca, quien consideró que "este proyecto no es una reforma" sino que "la verdadera reforma está iniciada y comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal".

 

"Este proyecto además no cambia la situación de las causas en trámite, así que desde ese punto de vista no hay ahí ningún tipo de objeción. Entiendo que se trata de solucionar el tema de la concentración del poder en pocas manos. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahí está el nudo de la cuestión. Entiendo que desde ese punto de vista no es anticonstitucional", sostuvo.

 

Agregó que "no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto".

 

De Luca explicó que "el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura".

 

"Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales", expresó.

 

Sobre el traspaso de la Justicia Penal a la CABA, remarcó que "los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo".

 

"Entiendo que las transferencias de personas no se puede hacer, pero no debe ser confundido con una transferencia de competencias", aclaró.

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A su turno, la ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Lucila Larrandart afirmó que la discusión del proyecto "es una oportunidad para que los legisladores den cuenta del deterioro de la Justicia".

 

"De los estudios surge que el Poder Judicial tiene la peor imagen y los niveles más bajos de confianza de los últimos años", indicó.

 

"Nunca he visto el nivel de arbitrariedad y falta de Justicia como el actual. Me refiero a la Justicia Federal, a Comodoro Py", agregó.

 

A su turno, el ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 Miguel Caminos, alertó que "este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes".

 

El ex magistrado advirtió que "la superabundancia de jueces conspira" contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere "más fiscales".

 

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, coincidió con De Luca en que "esto no es una reforma" dado que la misma "comenzó con el Código Procesal Penal".

 

A su criterio, "hay que ir cuanto antes" hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, "ayuda muchísimo a frenar excesos", pero este sistema está demorado por "una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza".

 

No obstante, cuestionó la creación de nuevos juzgados al señalar que "no vamos a tener qué hacer con todos esos jueces".

 

El senador kirchnerista Oscar Parrilli se mostró de acuerdo en que "la verdadera reforma" es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo.

 

"Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero la gestión del presidente (Mauricio) Macri, por decreto, suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada", lamentó.

 

"Somos conscientes de que la gran reforma va por el lado de la aplicación del Código Procesal Penal. No pretendemos hacer una gran reforma", sostuvo Parrilli.

 

"Esto que nos proponen lo único que hace es poner palos en la rueda a la verdadera implementación del Código Procesal Penal", opinó la senadora radical de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez.

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