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Los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo dependientes del Gobierno nacional deben modificar las prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para poder proceder a la contratación como "empleo asalariado registrado en el sector privado".
Contempla el pago de hasta el 50% por parte del Estado de sueldos de empleadas registradas por seis meses para reducir informalidad. El empleador deberá registrar a la trabajadora y abonar el porcentaje del sueldo restante, aportes de jubilación, ART y la obra social.
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