El Gobierno reguló la venta de vapeadores: cuáles son las nuevas medidas
La medida apunta a terminar con la comercialización ilegal de este y otros productos como tabaco calentado y bolsitas de nicotina. Los detalles.
El Gobierno estableció un marco de regulación integral para vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina este lunes en la Resolución 549/2026 en el Boletín Oficial.
En este sentido, la norma nueva pone fin al esquema prohibitivo y establece reglas para organizar el mercado y exigir trazabilidad, estándares de calidad y registro obligatorio para todos los fabricantes y comerciantes que operen en el país.
Cuáles son las regulaciones actuales
El país contaba con un esquema establecido en la Disposición ANMAT 3226/2011 que prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
En 2023 se extendió la restricción a los dispositivos de tabaco recalentado, prohibiendo su venta e importación legal por no contar con autorización sanitaria. Los pouches o bolsas de nicotina no estaban reguladas pero su comercialización se dispuso bajo alerta sanitaria como resultado de varias denuncias de sociedades médicas.
Sin controles oficiales, continuaba la venta de los productos en el país de manera clandestina.
Qué establece el nuevo esquema
El nuevo esquema exigiría que ningún producto pueda venderse sin estar registrado con sus componentes, estándares de calidad y cumplir con los límites estrictos sobre ingredientes permitidos, concentración de nicotina, sustancias prohibidas y ciertas condiciones de fabricación.
Un punto central es la eliminación de saborizantes en los vapeadores por ser identificados como un mecanismo principal de ingreso al consumo adolescente.
En este sentido, los voceros remarcaron que esta normativa surge como respuesta a experiencias internacionales donde las prohibiciones en los mercados dinámicos resultaron en mayores riesgos por falta de control estatal.
El Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete trabajaron de manera conjunta en la creación de este marco normativo, cuyo objetivo es poner fin al dominio del contrabando y establecer una tributación diferenciada de acuerdo con la categoría de cada producto, formalizando así el sistema impositivo.
Qué implican las modificaciones
Las fuentes señalaron que, hasta el momento, el Estado no disponía de herramientas eficaces para fiscalizar el consumo masivo de nicotina que ingresaba a través de un mercado “totalmente informal”. La iniciativa apunta a crear un registro obligatorio, supervisar la composición de los productos, garantizar su trazabilidad completa y restringir los componentes permitidos, bajo la responsabilidad de fabricantes y comerciantes debidamente declarados. Solo se podrán vender productos inscriptos, y la falta de registro impedirá su comercialización legal.
Asimismo, subrayaron que esta reforma no implica la creación de un mercado nuevo, sino que ordena un circuito ya existente en el que la nicotina circula por diversos canales que hoy operan sin regulación.
Desde el punto de vista económico, los productos pasarán a integrarse al sistema formal, quedando sujetos a controles fiscales e impositivos, lo que contribuiría a debilitar el dominio del contrabando. En el ámbito sanitario, la intervención del Estado busca disminuir los daños asociados al consumo desregulado y sin estándares de calidad, con especial foco en adolescentes y jóvenes, donde se registra un incremento sostenido en las tasas de inicio.
Otro de los objetivos es reducir la exposición de terceros al humo del cigarrillo convencional, vinculado a enfermedades graves como el cáncer y afecciones cardiovasculares y respiratorias. Se mencionan antecedentes internacionales en países como Estados Unidos, Suecia y Japón, donde marcos regulatorios similares habrían contribuido a disminuir tanto el consumo como la exposición pasiva.
