El Gobierno sospecha de la venta de planos a terroristas

Como una mancha de humedad que se cuela hasta reaparecer sobre la pintura nueva que intenta taparla, el fantasma de una posible amenaza terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el gobierno busca alejarlo. Mientras multiplica las alertas, los operativos de inteligencia y rastreo, y los simulacros ante eventuales ataques, el ministerio de Seguridad corre detrás de cada sospecha y de cada rumor. Clarín confirmó la última versión que analiza la ministra Patricia Bullrich: hace dos meses, por encargo de un supuesto grupo de libaneses, un ex prefecto con antecedentes penales habría obtenido y vendido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.

El Gobierno investiga la supuesta venta de planos sensibles a terroristas libaneses en la Triple Frontera por parte de un exprefecto argentino.

Según se sospecha, el hombre con antecedentes penales habría obtenido y vendido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.

La información que maneja el Ministerio de Seguridad dice que hace casi un mes, el 30 de agosto, ciudadanos libaneses habrían contactado en Puerto Iguazú a Juan Carlos Bassi, un ex prefecto que fue investigado por traficar pistolas y ametralladoras a Brasil y abastecer de armas a sus familiares de Rosario.

Por lo pronto, los gendarmes se movieron rápido: en un puñado de días, hace dos semanas, relevaron los puntos débiles de las tres plantas de agua, que pese a haber sido un objetivo militar en la época en que los dictadores Pinochet y Videla coquetearon con una guerra entre Chile y la Argentina, nunca reforzaron sus medidas de seguridad.

Ahora las recomendaciones apuntan a reemplazar los cercos perimetrales de los predios cambiando alambrados por paredes, levantar la altura de los portones de ingreso, poner caballetes de metal en los accesos para impedir la entrada de vehículos no identificados a alta velocidad, multiplicar los puestos de vigilancia -y en algunos sitios reemplazar a la agencia privada de seguridad por fuerzas estatales- y también las cámaras y luces con sensores de movimiento.