U$S 20 millones de los narcos pasan a manos del Estado

En agosto de 1999 un grupo de policías de la comisaría 17° fue enviado al coqueto edificio de la Avenida Alvear 1845, en el barrio de Recoleta, para intervenir en un episodio peculiar: en el dúplex del segundo piso (de unos 180 metros cuadrados, para más detalles) se había atrincherado un ciudadano italiano a quien dos hombres de origen mexicano estaban tratando de desalojar a las patadas.

El italiano, Elio Stecca, era un testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez y cobraba un sueldo mensual por comprar propiedades para ellos. La muerte del líder de la organización, Amado Carrillo Fuentes (alias “El Señor de los Cielos”), ocurrida dos años antes durante una cirugía estética para cambiar su aspecto, le había dado esperanzas a Stecca de quedarse con el lujoso piso. Se equivocó. Tuvo que mudarse y nunca reclamó la propiedad cuando fue secuestrada por la Justicia.

La cosa no pasó a mayores, y habría sido recordada sólo por el portero del edificio, sino se tratara de una de las tantas historias que dejó tras de sí el primer gran narcoescándalo registrado en la Argentina: el lavado de unos 18 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. El dinero fue girado entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 a la banca nacional desde cuentas de bancos de Estados Unidos. A través de sociedad truchas y testaferros, con esa plata se compraron desde estancias y campos hasta departamentos, un hotel completo en Mar del Plata y una flota de autos de lujo.

El escándalo –denunciado por las autoridades mexicanas– derivó en una causa en el fuero federal que se inició a fines de 1999 y recién se cerró el lunes pasado, luego de 17 años. El 29 de agosto, los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino –del Tribunal Oral Federal N° 6– convalidaron un juicio abreviado, firmado a principios de año entre el fiscal Diego Velasco y las defensas.

Los siete acusados que siguen vivos lograron una pena baja: sólo tres años y medio en suspenso por el delito de “asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

Ninguno ira a la cárcel, a menos que incumplan con las tareas comunitarias que se les fijarán, a razón de 8 horas mensuales. Las multas que se les impuso son el máximo establecido por la ley, pero parecen ridículas: no llegan ni a los 15 mil dólares, en total.

El fuerte del fallo es otro. Entre propiedades, autos y objetos varios, la sentencia del TOF 6 implica el decomiso de entre 20 y 25 millones de dólares provenientes del narcotráfico que pasarán definitivamente a manos del Estado. Los bienes estarán a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición –integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Sedronar–, un ente que pocos saben cómo funciona y que no lleva ningún registro de acceso público, por lo que ya recibió duras críticas.