La política migratoria de Estados Unidos se encamina hacia una medida sin antecedentes por su alcance. La administración de Donald Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios otorgadas a personas que, después de ingresar como visitantes temporales, iniciaron una solicitud de asilo para permanecer en el país.
El plan involucra las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 y sería ejecutado de manera coordinada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. De concretarse en los términos conocidos, representaría la mayor revocación colectiva de visas en la historia estadounidense.
Quiénes podrían perder sus visas
El procedimiento apuntaría a extranjeros que declararon que su viaje sería breve, por turismo o negocios, pero que posteriormente solicitaron protección internacional. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó que el organismo trabaja con Seguridad Nacional para identificar esos casos y revocar los permisos de no inmigrante. Sin embargo, evitó validar la cifra de 200.000 personas y explicó que el número será dinámico porque las cancelaciones se realizarían de manera gradual.
Las visas B1 se conceden generalmente para reuniones, conferencias y otras actividades comerciales temporales. Las B2 permiten viajar por turismo, visitar familiares o recibir atención médica. Ambas son permisos de no inmigrante, por lo que los solicitantes deben demostrar que planean regresar a su país.
Para el gobierno de Trump, pedir asilo después de entrar con una de estas categorías puede indicar que la intención original declarada ante el consulado no coincidía con el verdadero propósito del viaje.
¿Perder la visa implica una deportación inmediata?
Cabe señalar que la cancelación del visado no significaría necesariamente que todos los afectados fueran expulsados de forma automática. Las personas con solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificadas dentro del sistema migratorio y perderían su condición de visitantes por turismo o negocios mientras continúa la evaluación de sus expedientes.
En esa línea, cada situación dependería del estado del trámite, de las decisiones de las autoridades y de las eventuales resoluciones judiciales.
Ese punto será central en las demandas que podría enfrentar la medida. Las organizaciones y abogados que representen a los afectados podrán discutir, entre otras cuestiones, si el gobierno puede aplicar una política colectiva sobre visas expedidas a lo largo de una década sin analizar de manera suficiente las circunstancias individuales.
Una ofensiva migratoria cada vez más amplia
La iniciativa se integra en una política de controles más estrictos impulsada durante el segundo mandato de Trump. La administración aumentó la revisión de los antecedentes digitales de los solicitantes, pidió más información sobre su actividad en redes sociales, promovió fianzas costosas para algunos trámites y restringió la emisión de visas a ciudadanos de determinados países. Christopher Landau, subsecretario de Estado, sostuvo que el asilo no debe funcionar como una vía para eludir las reglas migratorias.
La posible cancelación masiva se sumaría a las más de 175.000 visas que el Departamento de Estado asegura haber revocado durante los últimos meses. Según el balance oficial del 10 de agosto de 2026, esas decisiones alcanzaron a extranjeros vinculados con infracciones migratorias, causas penales, fraudes, amenazas a la seguridad y otras conductas consideradas incompatibles con las condiciones de ingreso.
Por ahora, los titulares de visas de turismo y negocios no deberían interpretar que todos los permisos quedarán automáticamente anulados. El plan conocido se limita a quienes, luego de ingresar como visitantes temporales, solicitaron asilo, y todavía falta el anuncio oficial con los criterios definitivos. La magnitud potencial es histórica, aunque su alcance real dependerá de la revisión individual de los expedientes, las modificaciones que introduzca el gobierno y el resultado de las demandas que probablemente lleguen a la Justicia.
