La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas por su presunta participación en una organización que habría falsificado certificados médicos y otra documentación para gestionar pensiones no contributivas por discapacidad. Entre los acusados se encuentran funcionarios y exfuncionarios, profesionales de la salud, empleados municipales y un comerciante.
La investigación se concentra principalmente en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, dentro del departamento salteño de Anta. De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, los integrantes del supuesto circuito habrían cobrado importantes sumas de dinero por trámites que, en condiciones regulares, son gratuitos.
El caso se encuentra en una etapa inicial y las personas imputadas conservan su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial. La formalización de cargos no implica una condena, sino que permite profundizar la investigación, incorporar evidencia y determinar la eventual responsabilidad individual de cada acusado.
Cómo habría funcionado la maniobra investigada en Salta
Según la acusación, el mecanismo comenzaba con la búsqueda de personas interesadas en obtener una pensión no contributiva por discapacidad. Posteriormente, los solicitantes habrían sido derivados a consultorios, clínicas u otros espacios vinculados con algunos de los investigados.
En esos establecimientos se habrían confeccionado certificados médicos con diagnósticos falsos, adulterado estudios clínicos o incorporado datos correspondientes a pacientes que sí presentaban determinadas enfermedades. La documentación habría sido utilizada después para acreditar porcentajes de incapacidad suficientes para iniciar la solicitud del beneficio.
Entre las patologías presuntamente incorporadas a los expedientes aparecen Chagas, diabetes y problemas de columna. Los investigadores buscan establecer si los diagnósticos fueron creados deliberadamente para cumplir con los requisitos administrativos y si existió una distribución organizada de tareas.
La Fiscalía también sostiene que personas ajenas a los organismos estatales habrían conseguido acceso a herramientas informáticas utilizadas para cargar documentación. Esta parte de la pesquisa será clave para determinar cómo se completaban los trámites y qué controles pudieron haber sido vulnerados.
Quiénes quedaron bajo investigación
Entre las personas imputadas aparecen médicos, exautoridades hospitalarias, empleados municipales, un exresponsable de una oficina de ANSES y un particular que habría realizado tareas de intermediación.
Uno de los acusados es Francisco Gerardo Orellana, médico y actual diputado provincial por el departamento de Anta. También fueron imputados profesionales que ejercieron funciones directivas en el hospital de El Quebrachal y que, posteriormente, habrían desarrollado actividades en clínicas privadas.
La pesquisa también alcanza al exjefe de la oficina de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar. Los investigadores intentan determinar si desde esa dependencia se habrían facilitado mecanismos de acceso para que personas ajenas al organismo pudieran cargar documentación en los sistemas administrativos.
Otro de los investigados es un comerciante identificado por sus iniciales, propietario de un kiosco cercano al hospital local. Según la hipótesis fiscal, desde ese establecimiento se habría captado a interesados, modificado documentación y realizado cargas digitales relacionadas con las solicitudes.
Cuánto dinero habrían pagado los solicitantes
Uno de los puntos centrales de la causa es el presunto cobro por trámites que oficialmente son gratuitos. Los montos investigados varían según las fuentes y el tipo de gestión, pero en determinados casos habrían alcanzado cifras de hasta un millón de pesos.
La Fiscalía sostiene que algunos solicitantes se encontraban en situaciones económicas vulnerables y que, para afrontar esos pagos, habrían recurrido a préstamos o a la venta de animales y otros bienes personales. La investigación intenta establecer quiénes recibieron el dinero y cómo se distribuían los pagos dentro de la supuesta estructura.
El fiscal Amad indicó públicamente que el objetivo principal de la pesquisa está puesto en quienes habrían producido, facilitado o comercializado la documentación irregular, más que en las personas que recurrieron a los intermediarios para conseguir la pensión.
Los allanamientos y las pruebas que analiza la Justicia
La investigación avanzó después de 26 allanamientos realizados en domicilios particulares, consultorios médicos, clínicas, hospitales y oficinas municipales. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación, listados y dispositivos que ahora son analizados por los investigadores.
Parte de la evidencia digital ya habría permitido reconstruir contactos entre los sospechosos. Los mensajes encontrados en distintos equipos contendrían referencias a personas que habrían abonado por las gestiones y a otras que todavía mantenían deudas relacionadas con los trámites.
La Justicia deberá comprobar si esas comunicaciones pueden vincularse con expedientes concretos y si la documentación cuestionada fue efectivamente utilizada para obtener beneficios pagados por el Estado.
El alcance económico que podría tener la causa
Un informe solicitado a Gendarmería Nacional detectó miles de pensiones que podrían presentar documentación apócrifa, incompleta o incompatible con los requisitos correspondientes. Las cifras publicadas señalan que unas 9.000 prestaciones se encontrarían bajo observación, aunque ese número todavía debe ser validado dentro de la investigación judicial.
Las estimaciones iniciales sitúan el posible impacto económico mensual por encima de los 3.200 millones de pesos. Sin embargo, se trata de un cálculo preliminar y no de un perjuicio definitivamente probado. El monto final dependerá de la revisión individual de los expedientes y de la determinación de cuáles beneficios fueron obtenidos mediante documentación irregular.
Qué puede pasar ahora con los 15 imputados
La causa tramita bajo el sistema acusatorio federal. En este modelo, la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías controla la legalidad de las medidas solicitadas.
Durante el plazo concedido, la Fiscalía podrá profundizar las pericias telefónicas, revisar expedientes administrativos, solicitar información a organismos nacionales y reconstruir el recorrido del dinero. Los imputados podrán ejercer su defensa, presentar pruebas y cuestionar los elementos incorporados al expediente.
El resultado de esas medidas será determinante para establecer si existió una organización estable, qué rol habría cumplido cada acusado y cuál fue el verdadero impacto sobre los fondos destinados a las pensiones por discapacidad en Salta. Mientras no exista una sentencia firme, todas las personas mencionadas conservan el principio constitucional de inocencia.
