“La Ley de Glaciares es regresiva”, opinan las organizaciones ambientales
La Asociación Ambiente Sur rechazó la modificación de la Ley de Glaciares por considerarla regresiva y contraria a normas nacionales e internacionales que protegen estos ecosistemas clave. Cuestionó la falta de participación ciudadana en la audiencia pública, denunciando el incumplimiento de derechos garantizados por leyes como el Acuerdo de Escazú.
La Asociación Ambiente Sur con sede en Río Gallegos, Santa Cruz, ratificó su opinión sobre la modificación de la Ley de Glaciares a la que señaló como regresiva y que no respeta las leyes y convenios internacionales que protegen estos “ecosistemas esenciales para la vida humana y silvestre”.
Para la modificación de la Ley Nacional de Glaciares N°26.639 se convocó a una Audiencia Pública que generó polémica por la cantidad de personas a las que se les negó la participación presencial y activa y reemplazaron por videos vía web. La mayor parte de los 100.000 inscriptos no pudo hacer uso de la palabra.
En este sentido, la organización ambiental que tuvo desde su constitución a la participación ciudadana como eje de su trabajo por la conservación ambiental, afirmó que “no se han respetado numerosas leyes que amparan la participación previa, libre e informada de los ciudadanos”.
Qué dijo la ONG ambiental
Ambiente Sur afirmó: “Vivimos en un ambiente mayoritariamente semidesértico, que depende de estas fuentes de agua dulce que abastecen aguas abajo a todos los ecosistemas y a las comunidades, por lo que no podemos mirar para otro lado cuando se quiere sancionar la modificación a una ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y ambientes asociados que es ambientalmente regresiva y que no respeta las leyes y convenios internacionales que protegen estos ecosistemas esenciales para la vida humana y silvestre.”
La Asociación fue impulsora de la primera Audiencia Pública llevada a cabo en Río Gallegos en 2007, en la cual se discutió el proyecto de ordenanza destinado a crear el Sistema de Reservas Naturales Urbanas de la ciudad, orientado principalmente a la protección de humedales y remanentes de vegetación autóctona dentro del área urbana. La ordenanza fue finalmente aprobada en 2009 por el Concejo Deliberante local, tras este proceso participativo, garantizando la preservación de ambientes que aportan servicios ecosistémicos esenciales para el equilibrio del entorno.
Entre las normativas que se violan se encuentra el Acuerdo de Escazú que tiene jerarquía constitucional y tiene como objetivos “garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia respecto del ambiente.”
Qué otras normas no fueron respetadas
Ambiente Sur afirma que no fue respetada la Ley General de Ambiente de Argentina que prevé la realización de Audiencias Públicas para normas con posible impacto ambiental, las que deberán ser abiertas, libres e informadas, ya que se impidió la participación de la mayoría de los más de 100.000 inscriptos, de los cuales sólo alrededor de 250 personas pudieron hacer uso de la palabra.
Además, destacó que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Por último remarcó que la reforma constitucional de 1994 estableció la obligación de recomponer el daño ambiental y dispuso que las autoridades deben garantizar la protección de este derecho. En ese marco, definió que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección, mientras que las provincias deben complementarlas, sin que esas disposiciones alteren las jurisdicciones locales.
