La modificación de la Ley de Glaciares, la cual fue sancionada en 2010 y protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, generaría un impacto sumamente negativo no solo en poblaciones de animales, sino también en las casi siete millones de personas que dependen de sus aguas.
Cualquier debilitamiento en su protección tendría un impacto directo en la seguridad hídrica del país. Si a esto se le suma que modificar dicha ley podría afectar las reservas de agua dulce en medio de la crisis climática que atraviesa el planeta, la situación se vuelve más acuciante.
A esto se suma que 2024 y 2025 fueron catalogados como los años más cálidos de la historia, por lo que preservar intactos estos ecosistemas se vuelve prioritario.
¿Qué establece la Ley de Glaciares?
La Ley Nacional de Glaciares (N° 26.639), que fue aprobada en 2010, fija los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes preglaciares como reservas estratégicas de agua.
Por tanto, prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en esas áreas, además de crear el Inventario Nacional de Glaciares, que busca preservar el recurso hídrico, la biodiversidad y también el turismo.
En resumidas cuentas, la Ley de Glaciares establece los siguientes puntos:
- Prohíbe la exploración, explotación minera e hidrocarburífera y también cualquier obra industrial que pudiese afectar la dinámica del hielo o la calidad del agua.
- Le encarga al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la creación y actualización del inventario para individualizar todas las reservas hídricas.
- También define qué es un glaciar, incluyendo las masas de hielo perenne, estables o en movimiento, las cuales forman parte del ambiente preglacial y funcionan como reservas de agua.
- Define a los glaciares como bienes de dominio público.
Hay que tener presente que con el proyecto oficialista se establecen medidas legislativas ya aprobadas por el Senado para modificar esta ley y, en caso de aprobarse en Diputados, limitarían la protección al delegar en las provincias la identificación de glaciares a través de estudios de impacto ambiental, lo que habilitaría la minería en zonas previamente prohibidas.
El posible impacto de la modificación de la Ley
Un detalle no menor es el de trasladar a las provincias la potestad de definir qué áreas son protegidas y cuáles no, lo que termina rompiendo el principio de presupuestos mínimos ambientales uniformes. Es decir: se podrían generar criterios diferentes entre las distintas provincias para un mismo sistema hídrico, ignorando que las cuencas no respetan los límites políticos ni jurisdiccionales.
Asimismo, se habilitaría la exclusión de zonas del Inventario Nacional a través de decisiones administrativas y se incluyen conceptos ambiguos, como el de “alteración relevante”, que podría llegar a habilitar actividades que en la actualidad están prohibidas.
