El incumplimiento de las leyes de emergencia abrió una disputa contra el gobierno de Milei: qué puede pasar
La ejecución de tres leyes de emergencia que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno fue suspendida. Se trata de la Ley de Financiamiento Universitario, la de Emergencia Pediátrica y la de Emergencia en Discapacidad, en un contexto donde se avanzó en presentaciones judiciales, reclamos de familiares y organizaciones con la intención de un juicio político o moción de censura.
Leyes de emergencia: los avances judiciales contra el gobierno de Milei
Las protestas provienen de distintos sectores: universidades públicas, el Hospital Garrahan, familiares y entidades ligadas a personas con discapacidad y también del Congreso, donde ya se advirtió que la aprobación del Presupuesto 2026 podría condicionarse a que se incorporen los fondos para estas leyes.
En los decretos 759/2025, 760/2025 y 681/2025, el Gobierno argumentó que la aplicación debía quedar “suspendida hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes se incluyan en el presupuesto nacional”.
Para los constitucionalistas, esta postura representa “una violación de la división de poderes” y podría ser “nula de nulidad absoluta”. El abogado Andrés Gil Domínguez señaló que “esto es de gravedad institucional porque es un presidente que viola el proceso de formación y sanción de las leyes”.
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La tensión se agravó porque mientras los sectores afectados preparan amparos judiciales y posibles denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público, en el Congreso se analiza abrir una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“El presidente no tiene ninguna posibilidad de disponer él la suspensión de la aplicación de las tres leyes, sino que debe avanzar en su implementación”, sostuvo el constitucionalista Pedro Caminos.
Las personas y/o instituciones afectadas “podrían iniciar acciones judiciales reclamando el pago de sumas de dinero o la ejecución de prestaciones”, sumó Caminos. Además, dijo que “el jefe de Gabinete podría ser objeto de una moción de censura” en caso de que el Congreso avance con ese mecanismo previsto por la Constitución.
El escenario marcó un punto de inflexión para la gestión de Milei en un contexto marcado por las elecciones: la capacidad del Ejecutivo para respetar y aplicar leyes sancionadas por el Congreso, al margen de su impacto presupuestario, está siendo puesta a prueba. La resolución del conflicto podría definir no solo el rumbo de las políticas universitarias, sanitarias y de discapacidad, sino también el equilibrio institucional del poder en Argentina.
