Si bien las emergencias seguirán siendo gratuitas, los procedimientos programados estarán sujetos a un esquema de facturación a través de entidades de cobertura social o consulares. Los detalles.
Por Canal26
Viernes 14 de Marzo de 2025 - 20:35
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuente: Google Maps
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo esquema de facturación para la atención médica de extranjeros en hospitales públicos. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, busca establecer un mecanismo de recuperación de costos sin afectar la gratuidad de la atención de emergencias.
La resolución, impulsada por el Ministerio de Salud porteño, tiene como objetivo garantizar una mayor sustentabilidad del sistema sanitario ante el creciente número de pacientes extranjeros sin cobertura médica.
Hospital, institución, medicina, médicos. Foto Unsplash
Según lo establecido, los residentes permanentes y temporarios podrán acceder a los servicios hospitalarios en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos.
No obstante, aquellos extranjeros sin residencia legal en el país que requieran procedimientos programados, como cirugías o estudios de alta complejidad, deberán afrontar los costos de su atención.
El sistema de cobro será gestionado por la Sociedad de Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos (FACOEP), encargada de facturar los servicios a las entidades de cobertura social o privada, así como de coordinar la intervención de los consulados de los países de origen de los pacientes.
De este modo, el nuevo mecanismo no implicará, en principio, un pago directo por parte de los extranjeros que reciban atención.
Ciencia, medicina, médicos, cáncer. Fuente: Pexels
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El procedimiento de cobro se desarrollará en varias etapas:
Ciencia, medicina, médicos, cáncer. Fuente: Pexels
Desde el Gobierno de la Ciudad enfatizaron que esta medida no afectará la atención de emergencia, la cual seguirá siendo gratuita para todas las personas sin distinción de nacionalidad. Sin embargo, el esquema apunta a regular el acceso a los tratamientos programados y garantizar que los costos sean asumidos por los sistemas de salud correspondientes.
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