La Policía local le comunicó a las iglesias del país la prohibición de llevar a cabo procesiones y sin trascender un motivo concreto ni la duración de la medida.
Por Canal26
Sábado 25 de Febrero de 2023 - 12:35
Continúa la crisis política y social en Nicaragua. Foto: REUTERS.
La crisis política y social en Nicaragua sigue en ascenso. Ahora se conoció que el régimen de Daniel Ortega prohibió las procesiones de Vía Crucis en todas las parroquias del país en medio de una ofensiva contra la Iglesia católica. El mismo dictador la calificó de ser "una mafia".
La Policía local le comunicó a las iglesias del país la prohibición de llevar a cabo procesiones y sin trascender un motivo concreto ni la duración de la medida. La noticia fue dada a conocer por el diario Confidencial.
"Los Vía Crucis se van a hacer meditados, dentro del templo. La procesión en la calle no", aseguraron al citado medio un grupo de feligreses en la comunidad parroquial de la ciudad de Matagalpa, en el centro del país.
Protestas en las afueras de una iglesia de Nicaragua. Foto: REUTERS.
Los religiosos detallaron que los agentes amenazaron con cerrar la iglesia si llevan a cabo cualquier tipo de procesión fuera de la misma, consignó la agencia de noticias Europa Press.
Allí, la Policía ejerce una fuerte vigilancia tras la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia a 26 años de prisión por la supuesta comisión de delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas.
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Anteriormente, el presidente Ortega exigió "democracia en el seno de la Iglesia católica", calificándola de "mafia organizada", después de que el Papa Francisco criticara la reciente condena contra el obispo Álvarez.
Daniel Ortega. Foto: REUTERS.
"Son una mafia, miren los crímenes que han cometido, cuántos crímenes han cometido", aseveró Ortega e ironizó sobre el respeto que le puede tener a los obispos ya que, según el mandatario, "eran somocistas", seguidores del dictador nicaragüense Anatasio Somoza.
El pasado 10 de febrero, la Justicia de Nicaragua condenó al obispo Álvarez a 26 años de cárcel, despojándolo de su nacionalidad, tras negarse a salir del país junto a otros 222 presos políticos que fueron desterrados del país y enviados a Estados Unidos.
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