Perú: tras la denuncia de fiscal, Boluarte renunció a la inmunidad presidencial

Dina Boluarte. Foto: EFE

A un día de haber sido denunciada, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, renunció a la inmunidad presidencial. La acusación es de carácter constitucional y la pone en el centro de la polémica junto a varios ministros por la fiscal general del país, Patricia Benavides, quien los señala por la muerte de civiles en las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de 2022.

"La señora presidenta nos ha señalado en el Consejo de Ministerios y públicamente que renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia", manifestó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, a la emisora de radio Exitosa.

La fiscal Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por la muerte de manifestantes en la represión de las protestas contra su mandato y contra la detención del expresidente Pedro Castillo.

Dina Boluarte. Foto: EFE

La denuncia constitucional ante el Parlamento es "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros", dijo ayer Benavides en una alocución que compartió en redes sociales. Benavides también denunció constitucionalmente al jefe del Gabinete de ministros Alberto Otárola, al extitular de Interior Vicente Romero y a otros funcionarios de la administración Boluarte.

La mandataria catalogó la denuncia de "deleznable maniobra" de la fiscal y consideró que intenta distraer la atención de la investigación en la que la funcionaria está incluida y que llevó incluso a que el Congreso de Perú la cite de urgencia para aclarar la situación.

Benavides hizo su denuncia horas después del arresto de su principal asesor, Jaime Villanueva, por una investigación que la señala como líder de una presunta red de corrupción que presionó para destituir a operadores de Justicia. De acuerdo con la tesis preliminar, Benavides, Villanueva y otros funcionarios habrían influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos.

Pedro Castillo, Perú. Foto: EFE

Los fiscales supremos exigieron la renuncia de Benavides por las acusaciones de liderar una presunta organización criminal, mientras la fiscal consideró que los que iniciaron la investigación buscan entorpecer su tarea.

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Qué pasó en diciembre de 2022

Después de la destitución de Castillo de la presidencia y de la asunción en su lugar de Boluarte, el 7 de diciembre pasado, se registraron protestas y manifestaciones casi a diario en varias regiones de Perú, sobre todo en el sur.

La represión de esas protestas le valieron al Ejecutivo advertencias de la OEA y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Nuevas protestas en Perú. Foto: EFE

"No se debe permitir la muerte de ningún peruana o peruano, así como tampoco el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos; el pueblo se da cuenta de eso", afirmó además Benavides, en alusión al escándalo que sacude al Ministerio Público.

La investigación llevó al arresto de Villanueva incluye pruebas de que el asesor de Benavides envió a un grupo de congresistas la resolución de la Fiscalía que archivaba la investigación contra los legisladores denominados "Los Niños", y que llevó a la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos.

Para Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, los señalamientos contra la fiscal son "hechos graves", por lo que debe dejar el cargo para que su accionar no "afecte" las pesquisas que lidera el Equipo Fiscal contra la Corrupción del Poder.