La fiscal general de Perú denunció a Dina Boluarte por las muertes en las protestas

Patricia Benavides, fiscal general de Perú. Foto: EFE

La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.

Benavides tiene una causa abierta en su contra debido a que un equipo especial anticorrupción inició una investigación contra su entorno más cercano por presuntamente integrar una red criminal corrupta. Según la fiscal, esta acusación tiene como propósito amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".

Manifestantes protestan en contra de Benavides. Foto: EFE

A pesar de la denuncia en su contra, la fiscal continúa adelante con sus acusaciones y también implicó a tres exministros del Interior que ocupaban cargos durante la ola de protestas. Sumados a Boluarte y a Otárola, son cinco los denunciados por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.

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La delicada situación de la fiscal

La operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias. Además, dos fiscales supremos pidieron su renuncia después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora del equipo especial anticorrupción.

Incluso, un asesor especial de la fiscal ya fue arrestado por este caso y aseguró que colaborará con la investigación que señala también a la máxima responsable del Ministerio Público.

El asesor Villanueva, detenido. Foto: EFE 

Jaime Villanueva Barreto fue detenido como parte de una investigación contra la corrupción "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público", debido a que se "habría encargado de instrumentalizar el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio".

Igualmente, anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos", pese a que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia".