Protestas por el censo en Bolivia: el Gobierno denuncia a los organizadores

Las manifestaciones llevan 21 días. Foto: EFE.

Las protestas en Santa Cruz, en Bolivia, continúan con bloqueos y un paro para exigir que el censo se celebre en 2023, antes de las elecciones, y no al año siguiente como quiere el Gobierno. El presidente, Luis Arce anunció que impulsará acciones penales contra los responsables de las protestas, que ya dejaron al menos 4 muertos y 178 heridos.  

La ministra de Presidencia criticó los días “de terror” que caracterizan al paro de Santa Cruz y dijo que los líderes de las protestas, que llevan 21 días, tienen las “manos manchadas de sangre del pueblo”.  

Además, apuntó contra quienes organizaron las protestas, el gobernador de la capital, Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Indicó que realizaría una denuncia en instancias nacionales e internacionales.  

Diputados oficialistas en huelga de hambre por el censo. Foto: EFE. 

Sobre los daños económicos dijo que alcanzan los 720 millones de dólares y advirtió que esta cifra podría aumentar con el paso de los días, hasta que el paro concluya.  

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Denuncias sobre los heridos  

La ministra también denunció la violación múltiple de una niña y de decenas de heridos en los puntos de bloqueo. Debido al cierre de vías, las ambulancias no pudieron acceder al lugar. Además, en muchos de esos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas y a cobrar para permitir el paso. 

"Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro -de churrasco, de piscinas, de cantos y confraternidad- y no mostrar lo que estamos viendo en noches y días de terror contra quienes quieren desplazarse a comprar sus alimentos, a sus trabajos” indicó.

Además, dijo que esta protesta “está lejos de ser pacífica" ya que generó “muerte, dolor, violencia, racismo, discriminación, vulneraciones a los Derechos Humanos, pobreza y hambre”.  

La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, exige un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.