Ley de Glaciares: comienza el debate por la reforma y las Asambleas por el Agua se ponen en alerta en todo el país
En sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional debatirá cambios en la normativa que protege a los glaciares y la zona periglacial para impulsar inversiones en minería. Científicos y activistas alertan sobre el impacto en estos estratégicos reservorios de agua.
A pedido del presidente Javier Mieli, el Congreso Nacional debatirá en sesiones extraordinarias la modificación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de “quitar trabas a las inversiones”, sobre todo mineras. La propuesta oficial es que las provincias puedan autorizar emprendimientos extractivistas en sus territorios.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, protege a estas gigantescas masas de hielo y sus zonas de adyacencia como reservorios estratégicos de agua que alimentan y regulan el caudal de los ríos.
Esta ley, vetada en su momento por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el fruto del trabajo conjunto de científicos, organizaciones ambientales y comunidades. Y dio origen a la creación del Inventario Nacional que registró más de 14.000 glaciares para su protección a lo largo del territorio argentino.
“Los glaciares son proveedores de recursos hídricos y tienen reservas de agua dulce en su interior. En zonas semiáridas como Mendoza, San Juan y La Rioja, su rol es fundamental para regular el cauce de los ríos; pero también aguas abajo en otras provincias”, advierte la geógrafa Laura Zalazar, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y Coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares.
“Además de proteger a las grandes masas de hielo expuestas, la ley protege las zonas periglaciares y los llamados “glaciares de escombros”, donde el hielo está oculto debajo de la piedra”, explica. Son este tipo de glaciares “invisibles” los que más riesgo corren si se modifica la Ley.
El vil metal en alza y los glaciares en retroceso
En las últimas décadas, la mayoría de los glaciares en Argentina y en el mundo han perdido volumen. Incluso el emblemático “Perito Moreno” en Santa Cruz, que se creía estable, viene retrocediendo desde 2022.
“El principal factor es el cambio climático, por el aumento de la temperatura media global acompañado por más lluvias en verano y menos nevadas en invierno”, explica el glaciólogo Pierre Pitte, investigador del Conicet en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Y hay cada vez más evidencia científica de que las actividades humanas aceleran y profundizan la crisis climática global que está llevando al colapso a los colosos de hielo.
La minería a cielo abierto es una de las actividades con mayor impacto, ya que las excavaciones en la roca dejan expuestos a los glaciares de escombros. Y el perjuicio es doble, dado que la extracción de metales como oro, plata y cobre, requiere el uso de grandes cantidades de agua y sustancias químicas que terminan contaminando lagunas y ríos.
Mientras los debates por los glaciares y el agua se suceden en una parte del país, el precio del oro en el mercado internacional arrancó el 2026 con un récord de cotización por encima de los 5.000 dólares la onza. El dato enciende la codicia de algunos y el apuro de otros por impulsar los emprendimientos mineros.
Sin embargo, hay cosas que tienen valor más allá de su precio, como el agua que permite la vida. De esto, los pueblos mineros ubicados en la cordillera saben, y mucho.
No todo lo que brilla es oro
“La mina está hace 20 años; se llevan todo y acá en el pueblo no dejan nada”, resume Tito detrás del mostrador de un puesto de empanadas en Jáchal, San Juan, a los pies de la mina Veladero, la mayor explotación de oro y plata del país.
A pocos metros, Marisa, vendedora de un negocio de ropa, disiente: “Le echan la culpa a la mina pero el agua que baja de la montaña siempre tuvo metales pesados. Es nuestro modo de vida lo que nos enferma: la comida ultraprocesada, el sedentarismo y el estrés”, asegura.
Desde su instalación, en 2005, la mina explotada por Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China), generó controversia en la población de Jáchal. Muchos trabajan directa o indirectamente en el emprendimiento, ubicado a más de 4.500 metros de altura.
Fue en 2015, con el primer derrame de cianuro sobre el río, cuando 9.000 de sus 25.000 habitantes se convocaron en Asamblea permanente. Más de una década y al menos 8 derrames más pasaron, y la carpa de la Asamblea Jáchal No se Toca persiste, en la plaza principal, como testimonio de denuncia y de lucha.
Nada fue igual después del derrame. Aunque el agua que consumen los pobladores ya no proviene del río Jáchal sino de pozos en las napas, nadie en el pueblo se anima a tomarla. Y además, “el río viene cada vez menos caudaloso, con lo cual los productores de tomates y cebollas, que acceden a “cuotas de riego” a través de canales artificiales, ven arruinadas sus cosechas”, cuenta Saúl Zeballos, contador público y co-fundador de la Asamblea. “El municipio está obligado a hacer análisis del agua dos veces al año. Pero aún teniendo el presupuesto aprobado para hacerlo, no lo hace, o al menos no nos revela los resultados”, denuncia.
La madre de las batallas
A partir de conocerse la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares, la cordillera entró en tensión. Las asambleas por el agua se reactivaron y comenzaron a trabajar en red, mientras que otras nuevas se fueron conformando, en localidades que -sin ser pueblos mineros- viven de la producción y del turismo, y se verían seriamente afectadas por una eventual crisis hídrica.
Mendoza es la única provincia argentina que no permite la megaminería en virtud de su propia Ley del Agua (la Nr 7722). Pero el gobierno provincial está decidido a reformarla, y como paso previo, creó una fuerza de choque especial: la “Policía Minera”.
“Ya hubo un intento de habilitar la minería a cielo abierto a fines de 2019, pero las puebladas a lo largo de toda la provincia lo impidieron”, recuerda Federico Soria, especialista en conservación de áreas naturales y referente de la Asamblea Uspallata por el Agua Pura.
“Acá en Uspallata la lucha es contra la instalación del megaproyecto minero San Jorge que al ubicarse en la naciente del Río Mendoza, no sólo afectaría al pueblo, sino a todo el Valle, con sus producciones vitícolas, bodegueras y de turismo”, explica y comenta que “detrás de este emprendimiento está Solway, una empresa de un magnate ruso que figura en los Panamá Papers”.
Oponerse a este meganegocio le valió a Soria el hostigamiento, la persecución judicial y ser despedido de su empleo, cuenta su compañera, Eugenia Segura, artista plástica, escritora y activista ambiental. “La clave es siempre el extractivismo, que lleva a la riqueza de unos pocos, y la ruina de la mayoría. Tenemos que estar atentos, y no darles licencia social”, advierte.
Qué cambia si se modifica la Ley
La actual Ley de Glaciares establece que los glaciares y los ambientes periglaciares incluidos en el Inventario Nacional están protegidos y se prohíben las actividades industriales y extractivas. Con su modificación, sólo quedarían protegidos aquellos glaciares que “demuestren que cumplen una función hídrica”, y lo mismo ocurriría con el ambiente periglaciar.
Y en lugar de contar con una institución científica nacional que actualice el inventario y fije los criterios de protección, como es actualmente el IANIGLA, cada provincia puede crear su propio organismo (con el riesgo de resultar financiado por las compañías mineras).
“Los cambios que se pretenden en la Ley son una contradicción, ya que todos los glaciares cumplen una función hídrica. De hecho hoy aportan entre un 30 y un 50% al caudal de los ríos de montaña”, advierte Juan Pablo Milana, geólogo e integrante de la recientemente conformada Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, en San Juan.
“No estamos en contra de la minería, sino a favor del agua”, dice Nahuel Kümmel, guía de turismo en Parques Nacionales y co-fundador de la Asamblea de Calingasta. “Es difícil mantener un discurso anti-minería en zonas como San Juan, donde gran parte de la población vive directa o indirectamente de ella. Optamos por organizar festivales de música, juegos y actividades culturales para concientizar. Si vamos con un discurso directo, terminamos hablándole siempre a los mismos”, admite.
Para los pueblos originarios, “los glaciares son, además de esenciales, parte del Pecne-Tao, expresión que en la lengua Millcayac de los Huarpes significa “Madre Tierra”, explica Claudia Herrera, representante de esa comunidad en Mendoza. “Debemos protegerlos porque son el agua antigua, que hizo posible la vida de quienes nos precedieron, y también son el agua del futuro, que permitirá la vida de las generaciones que nos siguen”, concluye.
