Proponen instalar una muralla de 400 km para controlar un animal: buscan salvar la ganadería ovina
La iniciativa busca ordenar la fauna silvestre, proteger el pastizal y atraer inversiones mediante bonos de carbono y certificaciones ambientales.
El nordeste de Santa Cruz enfrenta una encrucijada ambiental, ya que por la crisis climática, la degradación del suelo y la caída del nacimiento de ovinos, el sector ganadero encendió las alarmas. En este contexto, surgió una propuesta que sorprendió a los vecinos: construir una barrera física de hasta 400 kilómetros para delimitar un gran clúster ovino entre la Ruta Nacional 3 y la costa atlántica.
La iniciativa fue presentada por el productor Sebastián Apesteguía durante la Exposición Rural de Puerto Deseado bajo el nombre de “Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable”. El proyecto apunta a reorganizar la relación entre producción y fauna silvestre mediante una intervención territorial de escala inédita en la Patagonia.
Según estimaciones sectoriales, en la provincia habitan alrededor de tres millones de guanacos, una cifra que supera los 2,3 millones de ovinos actuales. En paralelo, el stock ovino cayó aproximadamente un 32% en las últimas dos décadas.
En este sentido, los productores de la región sostienen que los inviernos rigurosos redujeron la mortalidad de los guanacos, mientras que la disponibilidad del agua y la fragilidad del pastizal profundizaron la competencia por el forraje. El resultado, advierten, es un avance sostenido de la desertificación en amplias zonas del nordeste santacruceño. En ese escenario, las actuales medidas de manejo y faena resultan insuficientes para equilibrar la presión sobre el suelo, plantean desde el sector.
Cómo sería la muralla de 400 kilómetros en Santa Cruz
El eje central del proyecto es una barrera de dos metros de altura efectiva que se extendería entre 315 y 400 kilómetros lineales. La altura no es arbitraria: el guanaco puede saltar obstáculos de hasta 1,60 metros, por lo que el estándar técnico fija los dos metros como condición mínima para garantizar su eficacia.
La estructura delimitaría un área productiva de aproximadamente 2.260.000 hectáreas, integrando a cerca de un centenar de establecimientos ganaderos. La vida útil estimada de la obra es de 50 años y se prevé el uso de materiales provenientes de la economía circular, como tubing petrolero recuperado.
El objetivo no es eliminar la fauna silvestre dentro del perímetro, sino administrar su carga. El proyecto establece que la población de guanacos en el área intervenida no debería superar el 10% de la receptividad del suelo. El excedente podría destinarse al aprovechamiento comercial de carne y fibra, actividad que ya cuenta con antecedentes provinciales a través del Plan de Manejo del Guanaco.
Uno de los puntos sensibles del proyecto es la fragmentación del hábitat. Para mitigar ese impacto, el diseño contempla la instalación de eco-ductos o compuertas de conectividad biológica cada 5 o 10 kilómetros. Estos dispositivos permitirían un paso estratégico y controlado de animales, favoreciendo el flujo genético sin comprometer la recuperación del pastizal.
En paralelo, la propuesta incluye la transición hacia un modelo de ganadería regenerativa, con prácticas orientadas a mejorar la cobertura vegetal, capturar carbono y estabilizar el suelo. La meta es acceder a certificaciones internacionales —como los estándares wildlife friendly— y acreditar una huella de carbono negativa, agregando valor ambiental a la producción.
Por su magnitud, la obra requiere un esquema de financiamiento cruzado. El plan proyecta una estructura compuesta por 50% de inversión privada, 30% de aporte estatal y 20% de créditos blandos. Los productores amortizarían la inversión inicial mediante pagos a valor producto (en lana, carne o créditos de carbono) lo que permitiría distribuir el costo en el tiempo y sostener la viabilidad económica del proyecto.
La propuesta ya generó debate, ya que la muralla -para los impulsores- representa una herramienta estructural que frena la degradación y ordena la fauna para recuperar la competitividad del sector, mientras que para los ambientalistas, es ilegal y pide a la justicia evaluar la medida con estudios de impacto.
