Presuntas coimas en ANDIS: la Justicia le prohibió salir del país a Diego Spagnuolo
El juez federal Sebastián Casanello prohibió este viernes la salida del país tanto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como a los directivos del laboratorio Suizo Argentina. La decisión se da en el marco de la causa por las presuntas coimas en la compra de medicamentos que involucrarían a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Además de Spagnuolo, la prohibición también rige para Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, responsables de dicho laboratorio.
Casanello impartió la orden tras los allanamientos realizados en la causa, en la que se incautaron órdenes de pago multimillonarias a la droguería, los teléfonos de los apuntados y más de 200 mil dólares.
La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares más comunes en investigaciones de corrupción, ya que le permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones.
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Cabe señalar que hasta el momento no se registraron detenciones. Si bien los involucrados permanecen en libertad, se encuentran bajo un estricto control judicial. En tanto, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas.
El Gobierno habló sobre los audios de Spagnuolo
El Gobierno Nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios de Spagnuolo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener “absolutamente ninguna constancia” de la existencia de un “sistema irregular de retornos”.
Francos intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene “ninguna relación” con él (a quien se refirió como ‘español’), pero reconoció que Milei sí lo conoce y que “fue abogado del presidente en alguna causa”.
En diálogo con el periodista Luis Majul, el jefe de Gabinete le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que Spagnuolo pudo haber dicho “no tiene ningún valor” para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: “No sé si la grabación está editada, cortada”, especulando con que pudo registrarse en un lugar público.
Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que “tiene que dilucidar el fiscal” para “acreditar o desacreditar” los hechos denunciados.
