Cuatro represas en privatización: el Gobierno anunciará quiénes son los interesados y proyecta siete ventas más
El gobierno de Javier Milei anunciará las empresas interesadas en quedarse con cuatro represas hidroeléctricas clave en el marco del plan de privatizaciones en el sector energético y prevé recaudar entre 500 y 700 millones de dólares. Además, proyecta avanzar con la venta de otras siete empresas, lo que impulsa una agenda de desinversión estatal y participación privada en infraestructura estratégica.
Desde Casa Rosada indicaron que estas medidas buscan “acelerar la eficiencia del sector y reducir la participación del Estado en activos que el mercado puede gestionar mejor”.
Cuáles son las represas hidroeléctricas en venta
Las represas involucradas forman parte de un proceso iniciado con la licitación abierta el pasado 20 de agosto, que comprendía los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
En los pliegos establecidos, se fijaron condiciones: por ejemplo, que los oferentes no superen el 20% de la generación eléctrica del país y que no participen empresas públicas provinciales o municipales.
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El Ejecutivo espera que estas privatizaciones generen una nueva fase de inversión en infraestructura, menores costos operativos y mayor competitividad para el sector, aunque algunas provincias y actores locales ya advirtieron sobre el impacto en la soberanía energética y el control de recursos.
La puesta en marcha de este plan marca un momento clave en la estrategia del gobierno de Javier Milei, que ya había impulsado licitaciones de rutas y otras concesiones. La segunda etapa de firmas en la mira incluye el envío al Congreso de un listado de potenciales privatizaciones en los próximos meses.
Privatización: las siete empresas que planea vender el Gobierno
Mientras avanza la definición sobre la reprivatización de las represas del Comahue, el Gobierno ya puso en marcha el proceso para volver a licitar otras siete centrales hidroeléctricas, cuyos contratos vencerán entre el 30 de noviembre y el 30 de julio de 2026.
Los complejos involucrados son Futaleufú —cuyo contrato finalizó en junio y fue extendido hasta diciembre—, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.
En este contexto, Enarsa, la empresa estatal que actualmente administra esas represas concesionadas a privados, realizó una audiencia pública con el objetivo de contratar una auditoría técnica sobre cada una de las centrales.
El estudio buscará evaluar el estado real de las maquinarias y estimar las inversiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento en caso de que finalmente se concrete su reprivatización.
