La necesidad de transparentar la actividad partidaria y su financiamiento es clave para garantizar el funcionamiento de estas instituciones.
En política, la crítica solo cobra sentido cuando es capaz de una síntesis superadora. La Constitución Argentina sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales en nuestro ordenamiento institucional y democrático.
Los concejales, legisladores provinciales y legisladores nacionales no votan según sus convicciones personales sino de lo que surge del consenso partidario. Las bancas no son personales sino del partido. Sin embargo los partidos políticos están constituidos por círculos que controlan su funcionamiento que muchas veces, sin elecciones, se reciclan en los cargos permanentemente.
Las fuentes de financiación propias no alcanzan para nada, de modo que las fuentes reales, los recursos financieros y económicos, son facilitados por “poderosos” quienes a su vez reclamarán una “devolución” cuando los partidos con sus representantes accedan al poder.
La necesidad de transparentar la actividad partidaria y su financiamiento es clave para garantizar el funcionamiento de estas instituciones. A nadie escapa que el financiamiento de los partidos políticos para sus campañas es necesario, con reglas claras y ajustadas a normativa clara, realizable y sin matices, es el camino. Acompañada de un claro objetivo, sanear la función pública. Y para ello es imprescindible que funcionen a pleno los partidos y sus estamentos de decisión y control.
La burocratización de los partidos solo contribuye a su desprestigio y a su pérdida de representatividad en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto el objetivo principal de los partidos políticos es participar en la política de forma democrática en cada país, promoviendo un plan de campaña que se basa en la defensa de la dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de la vida de la sociedad de manera política, económica y social.
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