Tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones en Washington que dejó firme una condena superior a los US$ 390 millones a favor del fondo Titan, la Procuración del Tesoro traza la estrategia legal y el Ejecutivo evalúa pedir tanto revisiones de la sentencia como la suspensión de las ejecuciones para evitar eventuales embargos contra activos del Estado.Por: Tomás Cascallares