La Argentina agotará una última instancia ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para intentar revertir el fallo que la obliga a pagar más de US$390 millones a Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Procuración del Tesoro prevé presentar este miércoles un pedido de revisión, un día antes del vencimiento del plazo.
El objetivo principal es ingresar el escrito antes del 20 de agosto según la estrategia del procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, quien trabaja junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Juan Pablo Comadira.
¿Qué busca la Argentina en la apelación por el fallo Aerolíneas?
La presentación judicial del Gobierno buscará que la Cámara revise la sentencia contra el Estado argentino del 21 de julio, luego de que la defensa tuvo en cuenta la idea de dirigirse a la Corte Suprema de Estados Unidos pero eligió no seguir por aquella vía y agotar una última instancia ante el tribunal de apelaciones.
El objetivo de esta estrategia es que la discusión judicial se mantenga abierta para evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, sumado a los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Por eso mismo, el Gobierno argentino no buscará un impedimento para que Titan avance con el cobro, pero su estrategia procesal completa se mantiene en reserva.
En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó el fallo de primera instancia y sostuvo que Titan aún estaba dentro del plazo legal para solicitar el reconocimiento y cobro del laudo en Estados Unidos.
Mientras que el lado argentino sostuvo que la acción había prescrito porque correspondía aplicar un plazo de tres años, los tribunales estadounidenses determinaron que el período debía ser de 12 años. De este modo, se mantuvo vigente el reclamo que presentó Titan en 2021.
¿Cuál es el historial del conflicto judicial de la Argentina por Aerolíneas?
En 2008 fueron expropiadas las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas por el grupo español Marsans y, ante esta situación, las empresas accionistas iniciaron un posterior arbitraje en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial que resuelve controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado buscó que aquella decisión fuera anulada, pero rechazaron el planteo en 2019. Como el organismo solo se dedica a arbitrar y no a ejecutar de manera directa las condenas, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para intentar cobrar.
Aquellos derechos económicos que superan ya los US$390 millones que derivaron del juicio terminaron en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia Federal de Washington para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo.
¿Cómo sigue el conflicto judicial argentino por Aerolíneas?
La defensa argentina buscará que la Cámara de Justicia reanalice su propia resolución en búsqueda de una nueva evaluación por parte de los jueces o solicitar una revisión más amplia dentro del tribunal. El Gobierno, por su parte, no anticipa qué alcance tendrá finalmente aquel escrito en búsqueda de preservar su estrategia en privado hasta el momento de su presentación.
Al elegir este camino, la Argentina extiende los tiempos antes de una ocasional llegada a la Corte Suprema estadounidense por un resultado judicial adverso.
La Corte Suprema aparece así como una instancia posterior y no como la vía inmediata. Si la Cámara rechaza el planteo, la Argentina podrá solicitar que el máximo tribunal intervenga en el expediente, aunque su participación no es automática, ya que los jueces deben decidir qué casos aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la estrategia adoptada apunta a extender los plazos de los principales litigios contra el Estado, tanto en el país como en el exterior. En ese esquema también incluyen la estrategia desplegada en el juicio por YPF, donde la Argentina obtuvo recientemente fallos favorables en instancias de apelación.
