Crisis en PAMI: qué provincias podrían dejar de atender jubilados desde el 10 de febrero
Prestadores privados advirtieron que dejarán de atender a afiliados del PAMI si no se regularizan las deudas y se actualizan los aranceles. El conflicto amenaza con impactar de lleno en la atención de jubilados y pensionados.
El sistema de salud que atiende a los afiliados del PAMI atraviesa horas críticas. Clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias del país advirtieron formalmente que podrían suspender prestaciones a partir del 10 de febrero si no reciben respuestas concretas por parte de la obra social respecto a la deuda acumulada y la actualización de los valores arancelarios.
La advertencia fue comunicada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, mediante una nota formal firmada por instituciones de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut.
Un escenario financiero “sumamente crítico”
Los prestadores describen una situación económico-financiera “sumamente crítica”, producto de una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y de atrasos en los pagos que se agravaron durante los últimos dos meses. El problema es especialmente sensible porque el PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos totales de estas instituciones.
En ese contexto, advirtieron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”, poniendo en riesgo la continuidad operativa de clínicas y sanatorios.
Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII de General Roca, fue contundente al señalar que “la situación de PAMI es la misma para todos” y que “el planteo no es individual, sino colectivo”.
Uno de los puntos más delicados es el pago de salarios. Las clínicas dependen del cobro de los módulos de Nivel II y III para abonar los sueldos de su personal. El corrimiento de las fechas de pago por parte del PAMI implica, en muchos casos, “la imposibilidad material de abonar los haberes”.
A esto se suma el atraso en las prestaciones ambulatorias y la pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación. “Hay clínicas que no pueden pagar sueldos, que no pueden pagar a proveedores de insumos esenciales, y eso nos quita recursos para dar los servicios con seguridad”, advirtió Sabalette.
¿Cómo será la suspensión de servicios?
Si no hay respuestas oficiales, la suspensión comenzará el 10 de febrero de forma progresiva. En una primera etapa, se limitarán las prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar la atención de urgencias.
Los prestadores aclararon que no se trata de una medida de fuerza, sino de una “consecuencia inevitable” ante la imposibilidad de sostener los costos operativos. De persistir el silencio oficial, alertaron que “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, con un impacto directo en jubilados y pensionados.
Los reclamos concretos son tres:
- Regularización inmediata de la deuda.
- Reunión urgente para consensuar soluciones.
- Reactivación de una mesa técnica para adecuar los aranceles.
Neuquén lleva el conflicto a la Justicia
En paralelo al reclamo de los prestadores privados, la provincia del Neuquén decidió judicializar el conflicto. El Ministerio de Salud provincial inició una demanda contra el PAMI por una deuda que, entre capital e intereses, supera los $1.500 millones.
Según se informó oficialmente, el monto original asciende a $1.056.798.055,85, al que se suman intereses calculados a tasa activa, elevando la cifra total a $1.510.702.157,29.