La Justicia británica ordenó que Argentina revele sus activos financieros para ejecutar el fallo por los cupones PBI
Los acreedores buscan identificar activos argentinos en el exterior para avanzar con embargos y garantizar el cobro de más de 1300 millones de euros. Los detalles.
Argentina sumó un nuevo capítulo en los tribunales internacionales. La Justicia del Reino Unido ordenó que el país entregue información detallada sobre sus activos financieros en el exterior en el marco de la causa por los cupones atados al PBI, una medida que apunta a facilitar el cobro del fallo millonario que ya quedó firme en instancias anteriores. La decisión forma parte del proceso conocido como “discovery”, una herramienta habitual en ese sistema judicial que permite a los acreedores rastrear bienes embargables. En la práctica, obliga al Estado a abrir sus números y exponer datos sobre cuentas, propiedades y movimientos financieros fuera del país.
El litigio tiene su origen en el cambio de la metodología para medir el Producto Bruto Interno en 2013. Esa modificación redujo el nivel de crecimiento informado para ese año y dejó sin efecto el pago de los cupones, un bonus que se había incluido en los canjes de deuda de 2005 y 2010 para compensar a los bonistas si la economía superaba determinados niveles de expansión.
“La Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”, indicó Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors.
Con los fallos ya confirmados a favor de los fondos demandantes, el foco ahora está puesto en la etapa de ejecución. Los acreedores buscan identificar activos argentinos en el exterior para avanzar con embargos y garantizar el cobro de una suma que entre capital e intereses supera los 1.300 millones de euros.
El caso se mete de lleno en la estrategia financiera internacional del Gobierno, que enfrenta varios frentes judiciales vinculados a la deuda. La entrega de información no implica un pago inmediato, pero sí representa un paso clave en el proceso que puede derivar en medidas concretas sobre bienes del Estado fuera del país.
Mientras tanto, el expediente suma presión sobre la política económica y la negociación con los mercados, en un contexto en el que cada revés judicial en el exterior impacta en la hoja de ruta financiera y en las expectativas sobre la capacidad de pago de la Argentina.
