Recorte a los subsidios de gas: la restricción del régimen de Zona Fría que podría impactar sobre 128 municipios
En la antesala del invierno, el Gobierno impulsa una modificación del esquema de Zona Fría que implica reducir subsidios al gas para millones de usuarios incorporados tras la ampliación de 2022. Los detalles.
En la antesala del invierno, el Gobierno impulsa una modificación del esquema de Zona Fría que implica reducir subsidios al gas para millones de usuarios incorporados tras la ampliación de 2022. La continuidad del beneficio quedará sujeta a la inscripción en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), lo que introduce un criterio más restrictivo para acceder a la ayuda estatal.
La iniciativa ingresó al Congreso mediante un proyecto de ley firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El texto propone rediseñar la tarifa diferencial que rige en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia.
En el plano legislativo, el escenario aparece complejo: el oficialismo necesitará respaldos clave, como el de la UCR, cuyo principal referente es el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, ya que su provincia perdería parte de los beneficios actuales.
Desde Casa Rosada, argumentaron que el esquema vigente resulta financieramente inviable. Con una alícuota del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no logra cubrir el régimen. Esto generó atrasos en los pagos a distribuidoras y subdistribuidoras, afectando también a los productores. “El mensaje al Congreso recuerda que en 2021, cuando las tarifas no reflejaban costos reales, bastaba con una alícuota del 5,3% para cubrir la totalidad del subsidio”, se indicó en el texto oficial presentado por el Gobierno.
El cambio central alcanza a los usuarios sumados por la Ley 27.637, que extendió el beneficio más allá de las zonas históricas. En esas áreas ampliadas se elimina el descuento general del 50% y se reemplaza por una bonificación adicional limitada únicamente a quienes estén inscriptos en el SEF y no superen tres canastas básicas. Quienes excedan ese umbral, dejarán de percibir cualquier tipo de subsidio y según datos del INDEC, ese nivel de ingresos supera actualmente los 4,3 millones de pesos para una familia tipo.
Las provincias donde impactaría el cambio de régimen de Zona Fría
El impacto territorial es amplio, ya que abarca a 55 distritos en Buenos Aires 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán.
En contraste, las regiones incluidas originalmente en el régimen -Patagonia, Malargüe y la Puna- mantendrán el subsidio del 50% sin restricciones por ingresos. Para avanzar con estos cambios, el proyecto elimina artículos clave de la Ley 27.637 que regulaban la ampliación territorial.
Otra modificación relevante apunta al circuito de pagos. A diferencia del sistema actual, donde las distribuidoras funcionan como intermediarias, el nuevo esquema prevé transferencias directas a los productores de gas. Además, estos pasarán a recaudar el recargo del 7,5% y deberán declararlo ante la ARCA. El régimen tendrá vigencia hasta fines de 2031.
El texto también contempla excepciones: no se aplicará el recargo a consumos destinados a exportación ni al gas proveniente de GNL importado y regasificado. En paralelo, la iniciativa aborda la situación del sistema eléctrico. El Gobierno calculará las deudas acumuladas con empresas del Mercado Eléctrico Mayorista y permitirá compensarlas con acreencias, siempre que las compañías desistan de reclamos judiciales. Estos montos estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y se canalizarán a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Por último, el proyecto introduce cambios en materia energética más amplia: extiende beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes anteriores vinculados a incentivos para hidrocarburos, aunque respeta los derechos adquiridos por inversiones ya aprobadas.
