El lado B de las deportaciones de Donald Trump: el auge de aerolíneas y cárceles privadas en Estados Unidos
La política migratoria de Donald Trump impulsó una maquinaria que combina deportaciones masivas, centros de detención y vuelos especiales. Un engranaje que, además de generar controversia, abrió un mercado multimillonario en beneficio de empresas privadas vinculadas al transporte y la gestión penitenciaria.
El presidente estadounidense no oculta su entusiasmo por las medidas. “Me encanta el olor de las deportaciones en la mañana”, escribió en sus redes sociales, parodiando una célebre frase de la película Apocalypse Now. Sin embargo, detrás de los slogans, los números revelan un costo enorme para las arcas públicas.
La aerolínea CSI Aviation, con sede en Albuquerque, se consolidó como uno de los principales contratistas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Según reportó el Wall Street Journal, la empresa organiza entre 60 y 70 vuelos semanales en Estados Unidos y el extranjero.
Muchas de estas operaciones se realizan mediante subcontratistas, como Avelo Airlines, que redirigió parte de su flota a vuelos sin distintivos para trasladar inmigrantes hacia centros de detención o fuera del país. Su director, Andrew Levy, defendió la decisión al señalar: “Independientemente de la administración o la afiliación política, como aerolínea de bandera de los Estados Unidos, cuando nuestro país nos llama y solicita ayuda, nuestra práctica es decir sí”.
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El gasto estimado por deportación asciende a unos 20.000 dólares, de acuerdo con cálculos de CBS. La ONG American Immigration Council advirtió que una expulsión masiva de los 11 millones de indocumentados supondría un desembolso de 315.000 millones de dólares y una reducción del PIB de hasta el 6,8%.
Ante esta situación, el gobierno lanzó un programa de autodeportación, ofreciendo 1.000 dólares más el pasaje a quienes abandonen el país voluntariamente. “La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar el arresto”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El ICE proyecta 3.000 deportaciones diarias y contará con un presupuesto de 75.000 millones de dólares entre 2025 y 2029. Esto implica no solo vuelos, sino también la construcción y ampliación de centros de detención. En Texas, un contrato de 1.260 millones de dólares fue adjudicado a la empresa Acquisition Logistics LLC, que pese a carecer de experiencia en gestión penitenciaria levantará un campamento para 5.000 personas en Fort Bliss. El proyecto incluye una cláusula que restringe la comunicación con el Congreso y los medios, aumentando las sospechas sobre el manejo de la información.
Al mismo tiempo, condados de varios estados alquilan sus cárceles al ICE, mientras compañías privadas como GEO Group y CoreCivic reportan alzas de hasta 9,8% en sus ingresos.
Con este panorama, las deportaciones bajo la administración Trump se consolidan no solo como un eje central de su política migratoria, sino como el motor de un negocio en expansión que crece al ritmo de los vuelos y las camas destinadas a inmigrantes detenidos.
