La CIJ advirtió a Israel por la crisis en Gaza: “No se debe usar el hambre como método de guerra”
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió que Israel “no ha fundamentado” los vínculos que -según ellos- tendría la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) con la agrupación terrorista Hamás.
Asimismo, lo instó a cumplir con su “obligación” de “aceptar y facilitar los planes de ayuda” en la Franja de Gaza proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que no se debe “usar el hambre” como “método de guerra”.
“Consecuencias catastróficas” en Gaza
El tribunal también señaló que el impedimento “sustancial” de parte de Israel para dejar ingresar ayuda humanitaria en Gaza “durante un periodo significativo de tiempo” ha generado “consecuencias catastróficas” para la población del enclave.
“La población local de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente (…) En tal situación, Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda”, señaló el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa.
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Y añadió que la nación judía tiene la obligación de “garantizar las necesidades básicas” de la población local, donde se incluyen los suministros esenciales para la supervivencia.
Respecto de la posición israelí con la UNRWA, la CIJ sostuvo que “no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa” de los empleados de la UNRWA “son miembros de Hamás… u otras organizaciones terroristas”.
En ese contexto, destacó que el despido de nueve miembros de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 por su “posible implicación” en el ataque del 7 de octubre de 2023 es “insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral”.
Este mismo tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, le recordó al Gobierno de Benjamín Netanyahu que la deportación o el traslado de población civil de manera forzada “están prohibidos” por el derecho internacional.
“El traslado puede considerarse ‘forzoso’ no solo cuando se realiza mediante el uso de la fuerza física, sino también cuando las personas afectadas no tienen otra opción más que marcharse. Esto puede incluir la imposición de condiciones de vida intolerables”, explicó Iwasawa.
