Pesca extranjera en Malvinas: el negocio millonario que sostiene al Reino Unido en las islas y perjudica a la Argentina
La explotación intensiva de calamar en las aguas que rodean a las Malvinas por flotas que operan con licencias británicas consolida la presencia económica del Reino Unido en las islas, mientras reduce los recursos disponibles para la pesca nacional y provoca una significativa pérdida de ingresos para la Argentina.
Anualmente, la pesca extranjera extrae alrededor de 250.000 toneladas de recursos pesqueros de las aguas que rodean a las Islas Malvinas, siendo el calamar (Illex y Doryteuthis) la especie principal. Esta explotación genera ingresos millonarios para compañías que operan con licencias británicas, en su mayoría provenientes de España, Taiwán, China y Corea del Sur.
Sin embargo, para la Argentina esta actividad representa una grave vulneración de su soberanía y una fuente constante de pérdidas económicas. La pesca no autorizada en el Atlántico Sur provoca un perjuicio anual de cientos de millones de dólares, además de afectar de manera directa a la industria pesquera nacional y al empleo en las provincias patagónicas.
Por si fuera poco, la intensa presión extractiva sobre especies clave, en particular el calamar, altera el equilibrio del ecosistema marino y pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos a largo plazo. La sobrepesca en áreas contiguas a la Zona Económica Exclusiva argentina afecta a los stocks que luego migran hacia aguas nacionales, lo que reduce las capturas disponibles para la flota local. En consecuencia, la explotación masiva por parte de flotas extranjeras se traduce en menor biomasa para la pesca nacional, una caída de la actividad en los puertos patagónicos y pérdidas millonarias de divisas que podrían potenciar las economías regionales.
A esto se suma que las autoridades británicas en Malvinas utilizan las islas como una base clave para la logística y la entrega de licencias, lo que termina sosteniendo un esquema de explotación del recurso pesquero de manera unilateral. Para la Argentina, este escenario no solo agrava el impacto ambiental y golpea a la producción local, sino que además mantiene una situación que va a contramano del reclamo histórico de soberanía y complica la aplicación de políticas serias de cuidado y manejo del Atlántico Sur. Defender los recursos naturales va de la mano con el reclamo argentino por las Islas Malvinas y la falta de un control firme sobre la pesca extranjera termina debilitando la posición del país en el plano internacional.
¿Cuánto aporta el sector pesquero a la economía de las islas Malvinas?
Las Islas Malvinas registran un PBI per cápita muy elevado, que suele ubicarse entre los más altos a nivel mundial, impulsado casi exclusivamente por la actividad pesquera. La pesca es el pilar central de la economía local y, mediante la venta de licencias a flotas extranjeras, el gobierno isleño concentra allí la mayor parte de sus ingresos anuales.
La actividad pesquera aporta entre el 50% y el 60% de los ingresos públicos de las islas. El calamar es el motor de ese negocio: su abundancia y alto valor en el mercado internacional hacen de la zona un área estratégica para flotas europeas y asiáticas. Los fondos que genera esta actividad sostienen casi todo el funcionamiento del territorio, desde los sueldos del sector público hasta la infraestructura, los servicios y las obras. Dicho de otro modo, sin la pesca la economía de Malvinas no podría mantenerse en los niveles actuales, ya que rubros como el turismo o la ganadería tienen una incidencia mucho menor.
Por eso, desde la mirada argentina, la pesca no es solo una cuestión ambiental o productiva, sino también un pilar central del esquema económico que sostiene la administración británica en las islas, lo que le da aún más relevancia al debate sobre soberanía y control de los recursos en el Atlántico Sur.
