Relación con una menor, una presunta hija y pedido de captura: la denuncia contra Evo Morales que desató la crisis en Bolivia
Se trata de una causa que data desde el 2020 y fue retomada en 2024. El expresidente boliviano está acusado de “trata y tráfico de personas”.
Bolivia atraviesa en un caos total que coincide con un nuevo movimiento en la causa contra el expresidente Evo Morales. La Justicia local avanza con un juicio en rebeldía contra el dirigente politico, acusado de “trata y tráfico de personas” por presuntamente mantener relaciones con una menor de edad mientras ejercía como jefe de Estado y con la que habría tenido una hija.
Luego de las elecciones de 2019, que significaron la salida de Morales del país, en 2020 el gobierno interino de Janine Añez impulsó una denuncia de estupro contra el exmandatario por una supuesta relación que habría tenido con una menor de 15 años entre 2014 y 2016.
De todas maneras, la Fiscalía detuvo y archivó la investigación al poco tiempo. En noviembre de ese mismo año asumió el poder Luis Arce, su ex ministro de Economía. Sin embargo, a raíz de las críticas de Morales. la Justicia reactivó sus investigaciones y lo imputó por trata agravada de personas.
En diciembre de 2024, la fiscal Sandra Gutiérrez señaló que el expresidente fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani. “Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres”, expresó.
En 2025, la por entonces diputada opositora Luciana Campero afirmó que la joven, de ahora 26 años, pidió asilo político en Argentina. La funcionaria mostró una carta escrita por la mujer en la que confesaba que Evo Morales era el padre de su hija. También denunciaba una persecución contra su familia.
Según las cartas publicadas por la exdiputada, la joven reconoce la relación desde que tenía 15 años e incluso da nombres de ministros de Arce que la contactaron y reimpulsaron la denuncia.
La situación de Evo Morales desató el caos en Bolivia
Hace nueve días debía iniciarse en Tarija el juicio contra Evo Morales, pero la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del exmandatario y de sus abogados defensores. Ante esta situación, el tribunal resolvió declararlo en rebeldía y suspender el proceso hasta que se presente de manera voluntaria o se concrete la nueva orden de captura emitida el lunes 10.
Desde la Fiscalía de Tarija señalaron que la defensa no presentó ningún justificativo válido por la ausencia en la audiencia. Dado que el político no contó con representación privada en ese momento, se dispuso que fuera asistido por abogados de la defensa pública para garantizar la continuidad del proceso judicial.
Por su parte, el equipo legal de Morales sostiene que el ex presidente no fue notificado de manera personal, sino a través de un edicto judicial, lo que considera un defecto de origen en el procedimiento. Además, denuncian que la causa tiene un trasfondo político.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera que constituye su principal bastión político y sindical, donde se encuentra desde octubre de 2024. En ese lugar se mantiene resguardado por un numeroso grupo de seguidores que buscan impedir cualquier intento de detención.
En un episodio anterior, las fuerzas de seguridad no lograron ejecutar una orden de captura debido a bloqueos de rutas organizados por sus simpatizantes, que se extendieron durante 24 días entre octubre y noviembre del año pasado, dificultando el acceso a la zona.
Meses atrás, el Ministerio Público formalizó la acusación en su contra y la Fiscalía de Tarija informó que reunió más de 170 pruebas para el juicio oral, entre ellas 39 testimonios. Sin embargo, durante las elecciones del año pasado, Morales pudo concurrir a votar sin ser detenido, tanto en la primera vuelta como en el balotaje, bajo el argumento oficial de preservar el orden público.
En el actual contexto político, marcado por un cambio de liderazgo en Bolivia luego de dos décadas, la causa judicial avanzó con mayor rapidez. En paralelo, seguidores del exmandatario tomaron el aeropuerto de Chimoré, cercano a Lauca Ñ, donde se encuentra. A estas manifestaciones se sumaron protestas de sectores obreros y campesinos que rechazan las reformas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo hace seis meses.
