El Gobierno de Bolivia aprueba la intervención de las Fuerzas Armadas para levantar las protestas
La Cámara de Diputados aprobó una ley que elimina las restricciones al accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y habilita al presidente Rodrigo Paz a avanzar hacia un estado de excepción.
Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. En medio de protestas masivas, cortes de rutas y reclamos por la salida del presidente Rodrigo Paz, la Cámara de Diputados aprobó este martes una nueva ley que elimina las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La iniciativa obtuvo más de dos tercios de los votos y ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva. La norma deroga la Ley 1.341, conocida como “Ley Copa”, vigente desde octubre de 2020, que limitaba el accionar militar en situaciones de protesta social y conflictos internos.
El Gobierno de Bolivia quiere recuperar el control ante los bloqueos
Con esta modificación legislativa, el Gobierno boliviano queda habilitado para avanzar hacia la declaración de un estado de excepción y ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país. Según argumentaron los legisladores que respaldaron el proyecto, la medida busca recuperar el control frente a los bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.
La tensión social se concentra especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro, donde las restricciones al tránsito y las interrupciones logísticas comenzaron a generar problemas de abastecimiento y largas filas en estaciones de servicio y centros de distribución.
Bolivia ya ingresó en su cuarta semana consecutiva de protestas. Las movilizaciones están encabezadas por organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana, además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales que reclaman cambios políticos y económicos urgentes.
Durante la jornada del martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos en todo el territorio boliviano, según reportes difundidos por medios locales y autoridades nacionales. Las protestas afectan tanto rutas nacionales como accesos estratégicos entre departamentos, complicando el transporte de mercaderías y la circulación de pasajeros.
El oficialismo sostiene que la nueva legislación permitirá restablecer el orden y garantizar servicios esenciales, mientras que sectores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una escalada represiva y cuestionan el mayor protagonismo militar en la seguridad interna.
El clima político en Bolivia continúa deteriorándose y crece la incertidumbre sobre la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. Mientras tanto, las protestas mantienen paralizado gran parte del país y profundizan la crisis institucional que enfrenta la administración de Rodrigo Paz.
