La medida le impide a la líder opositora dejar Perú por 36 meses. Es extensiva a su ex esposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular.
Por Canal26
Miércoles 31 de Mayo de 2023 - 17:22
Keiko Fujimori volvió a sufrir un revés judicial en Perú: en este caso, la Justicia le impuso una orden para impedirle salir del país por 36 meses en el marco de la investigación en su contra por lavado de activos.
La medida es extensiva a su ex esposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular.
"El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos", anunció el Poder Judicial de Perú.
#LOÚLTIMO Juez Víctor Zúñiga, titular del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos. #CasoCócteles pic.twitter.com/uanp39sc5g
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 31, 2023
La líder peruana está siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos en torno al caso "Cócteles", donde se analizan los supuestos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Además, el juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori, y a otros investigados, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
Por último, impone una caución económica al ex marido de Fujimori, Mark Vito Villanella de 10.000 soles (2.700 dólares), entre otros.
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El caso "Cócteles" cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de Odebrecht para presuntos aportes para campañas políticas y fue investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.
Fujimori se enfrenta a un pedido de 30 años de cárcel, según la hipótesis fiscal José Domingo Pérez, que la señala como la cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido político.
Tras más de dos años de investigación, en marzo de 2021, la Fiscalía hizo este pedido de prisión y una acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación. CON INFORMACIÓN DE EFE
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