Luego de la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori, el gobierno peruano opta por el silencio

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Foto: EFE

El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantiene en silencio tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC)  de ordenar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori. Es que la petición del órgano supremo se contrapone al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que no se ejecute esa medida.

Dina Boluarte, presidenta peruana. Foto: EFE

Debido a las distintas órdenes que tiene Boluarte es que se cree que aún no se hicieron declaraciones públicas ni existieron mensajes del despacho de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, todo pareciera indicar que, según revelaron medios locales, el Gobierno ya decidió acatar la resolución en última instancia del TC, a pesar de que eso implique incumplir la orden de la CIDH.

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En este sentido, el único funcionario que se expresó al respecto, Javier Llaque, indicó que Fujimori no fue liberado este martes por un error en el trámite realizado por el TC, y consideró que debía ser subsanado en el corto plazo.

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La resolución del CIDH

La excarcelación de Alberto Fujimori se puede dar a pesar de que Ricardo Pérez Manrique, presidente de la organización, emitió una resolución en la que pidió al Estado peruano que no ejecute la sentencia del TC.

Seguidores de Fujimori en las afueras de la cárcel donde se encuentra. Foto: Reuters

Esta insistencia se debe a que el CIDH pretende esperar hasta que se determine si cumple con la obligación de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta", las matanzas por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

El fin del órgano de la OEA para requerir a Perú que no libere a Alberto Fujimori tiene que ver con garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.