Argentina en la COP30: ¿cuál es la provincia que más contamina y cuáles ya avanzaron en sus compromisos ambientales?
El lunes 10 de noviembre arrancó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. En este encuentro global, que se realiza por primera vez en el corazón de la Amazonia, representantes de más de 180 países debatirán durante dos semanas planes para reducir las emisiones de gases de invernadero, e intentarán acordar financiamiento para las medidas de adaptación y una transición energética justa.
En Argentina, ante la ausencia de políticas nacionales y el virtual incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sancionada en 2020, hoy son las provincias y los municipios los que sostienen la acción climática nacional.
Provincia por provincia: cómo van en cuanto a objetivos ambientales
De acuerdo al informe de FARN “Gobernanza climática federal en Argentina: balance y perspectivas de la Ley 27.520”, sólo tres provincias, Jujuy, La Pampa y Misiones, lograron la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático. Estos planes incluyen diagnósticos locales, metas de reducción de emisiones y medidas sectoriales frente a inundaciones, incendios y sequías.
A su vez, once provincias —Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego— se encuentran en proceso de preconvalidación de sus planes, mientras que el resto —Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, San Luis, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz— aún no los han presentado.
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“Estos avances representan un paso hacia una acción climática con perspectiva federal, en un país donde los impactos del clima extremo son cada vez más evidentes. Las inundaciones en Bahía Blanca en marzo pasado, que dejaron 16 muertos y más de 5.000 familias sin vivienda, mostraron cómo los desastres climáticos ya golpean con fuerza a las comunidades”, enfatizó Camila Mercure, de FARN.
Hacia un “federalismo climático”
En tanto, el Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales, elaborado por Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) revela que el 54% de las provincias cuentan con áreas de gobierno específicas de cambio climático, pero solo 7 elaboraron inventarios propios de gases de efecto invernadero: Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe. Y 8 jurisdicciones cuentan con una ley marco de cambio climático (CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa).
El informe de SSF también muestra que Buenos Aires concentra el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, seguido por un 12% de emisiones sin asignar, y luego un 7.61% de Santa Fe y 6.52% de Córdoba.
La mayoría de las provincias depende de fondos del Consejo Federal de Inversión o de cooperación nacional, y tienen acceso limitado a financiamiento internacional.
“El federalismo climático está en construcción. En un país donde el gobierno nacional niega la crisis climática, la capacidad de las provincias para sostener y acelerar sus planes climáticos será determinante para que la Argentina cumpla sus compromisos internacionales y proteja a millones de personas frente a sequías, inundaciones e incendios”, señaló Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras.
Una cumbre decisiva
En un contexto en el que la delegación argentina a la COP se limitó a presentar los NDC (compromisos de reducción de emisiones, por sus siglas en inglés) menos ambiciosos que los anteriores (lo cual es contrario al espíritu del acuerdo climático de París), varias provincias y municipios enviaron a sus propios representantes a la cubre climática en Belem.
“Esta cumbre puede ser un punto de inflexión”, señala Camila Mercure: “La COP de Brasil marca el décimo aniversario del Acuerdo de París y el cierre del primer ciclo de implementación. Su éxito dependerá de alcanzar un nuevo acuerdo que combine ambición climática, financiamiento, equidad y justicia”, explica.
“En estas tres décadas se han logrado algunos avances. Sin embargo, de no acelerar sustancialmente la acción climática en la próxima década, se perderá la oportunidad de garantizar una transición justa y resiliente”, apunta la representante de FARN. Lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de la vida humana tal como la conocemos.
