Salta: audiencia importante por la autorización del desmonte de más de 12 mil hectáreas de bosques

Desmonte en Salta. Foto: Gentileza Greenpeace.

El próximo viernes 18 de octubre se realizará una audiencia pública en la localidad de Orán (Salta), con el fin de autorizar el desmonte de casi 12.000 hectáreas de bosques nativos en la Finca "El Chaguaral".

El desmonte, solicitado por la empresa Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel, se destinaría a proyectos agroganaderos, lo que provocó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y derechos humanos.

"El gobierno de Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio", acusó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Desmonte en Salta. Foto: Gentileza Greenpeace.

Además, indicó que mientras se convocan audiencias públicas para favorecer a grandes productores agropecuarios, el gobierno impulsa en la Legislatura una flexibilización de la Ley Provincial de Bosques, lo que abriría la puerta a nuevos desmontes masivos.

En 2013, la compañía Quebracho Colorado S.A. fue denunciada por Greenpeace por un desmonte que afectó a las comunidades wichi de El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.

Según la organización ambientalista, la empresa tiene un historial de pedidos de desmontes en Salta que suman más de 68.000 hectáreas, de las cuales ya desmontaron 17.200.

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Crítica situación en Salta

Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, se desmontaron 714.052 hectáreas de bosque nativo en Salta. Greenpeace estima que solo en 2023 la deforestación alcanzó las 8.526 hectáreas, muchas de ellas en zonas habitadas por el yaguareté, especie en peligro crítico de extinción.

La organización denunció la propuesta del gobierno provincial de modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Esta categoría, inexistente en la Ley Nacional de Bosques, abarcaría más de 3 millones de hectáreas, lo que, según Greenpeace, constituiría una flexibilización de las normas de protección ambiental. Giardini advirtió que, si se aprueba esta modificación, Greenpeace recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que considera una "catástrofe para los bosques y las comunidades indígenas y campesinas".