Para Urribarri, causa por malversación de fondos es "un disparate jurídico"

Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, calificó de "disparate jurídico" la determinación de la Justicia de llamarlo a indagatoria, por una causa en se que investigan los gastos hechos durante la Cumbre de presidentes del Mercosur, llevada a cabo en Paraná en 2014.
El ex mandatario provincial hizo su descargo a través de su cuenta personal de Facebook, mediante un texto titulado: "Injusta, infundada pero muy funcional", en donde aseguró que la medida "no tiene fundamento jurídico ni razonabilidad" y "es injusta". A su vez, la calificó como "un disparate jurídico" y "un delirio".
Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, fiscales de la ciudad de Paraná, citaron a Urribarri para prestar declaración el 31 de agosto.
Allí tendrá que responder por los delitos de "peculado y negociaciones incompatibles con la función pública", en la causa abierta por la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur de Paraná en diciembre de 2014, lo cual significó una erogación millonaria en obras y servicios.
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"No esperaba ser demonizado por algún integrante del Ministerio Público Fiscal con imputaciones inconsistentes", dijo un indignado Urribarri, quien estuvo muy ligado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De ese modo expresó que fue citado "en razón de unos avisos de televisión emitidos en ocasión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur", y agregó posteriormente: "Escuchamos todos, todos los días por la radio, la televisión y las redes sociales avisos institucionales de todos los gobiernos nacional, provinciales y municipales, invitando a visitar lugares, contando lo que han hecho, cómo han supuestamente cambiado ciertas realidades".
"Sin embargo, por ese mismo tipo de avisos, ligados y en ocasión del evento político institucional más importante de la historia de esta provincia como lo fue la Cumbre del Mercosur, con la presencia de seis presidentes en la ciudad de Paraná, yo he sido imputado penalmente", agregó luego Urribarri.
"Todos los aspectos legales de la emisión de esos avisos están debidamente fundamentados y respaldados: ley de la Legislatura provincial, aprobación previa de la Contaduría General de la provincia para los gastos e intervención de los demás organismos de contralor". "Los avisos existieron, su emisión fue debidamente certificada por los canales a precios razonables del mercado nacional, pero lo que se objeta es 'el contenido'", cuestionó.