Vidal celebró adhesión al pacto fiscal y recuperación del Fondo del Conurbano
La Legislatura bonaerense sancionó la ley de adhesión al consenso fiscal firmado el 16 de noviembre entre el gobierno nacional, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fuera consagrado por el Congreso de la Nación.
La iniciativa -votada en primer término en la Cámara de Diputados- fue impulsada por Cambiemos y contó con el acompañamiento del Frente Renovador, el bloque PJ Unidad y Renovación.
La gobernadora María Eugenia Vidal no ocultó su satisfacción por la aprobación en la Legislatura bonaerense de la adhesión al pacto fiscal que promueve la Nación y que tiene, para Buenos Aires, un significado especial, por cuanto implica el recupero de miles de millones de pesos cercenados por el congelamiento del tope del llamado Fondo del Conurbano.
Uno de los puntos centrales del Pacto Fiscal, que quedó formalmente refrendado por la Legislatura, tiene que ver con la llegada de fondos adicionales para la provincia de Buenos Aires que alcanzarán los 105 mil millones de pesos en los próximos dos años: 40 mil millones en 2018 y 65 mil millones en 2019.
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En el proyecto que giró a la Legislatura la gobernadora María Eugenia Vidal, señaló que, por lo firmado, la provincia de Buenos Aires resultará compensada, con el resto de las demás jurisdicciones firmantes, por la derogación del artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias, como también por el cambio de destino de la afectación específica del tributo sobre los créditos y débitos bancarios contenidos en la ley 25.413.
El acuerdo alcanzado incluye, a la vez, una nueva rebaja del impuesto sobre los Ingresos Brutos ya que el Anexo 1 de la ley nacional obliga a las provincias a ir achicando gradualmente ese gravamen hasta 2022.
Entre otras modificaciones, la propuesta contempla rebajas en las alícuotas de Ingresos Brutos en rubros como el transporte y el agro, según el nivel de facturación.
A partir de la negociación que se desplegó en la Legislatura se incluyó un artículo para que los municipios tengan “capacidades limitadas” para adherir a los contratos de Participación Público Privado (PPP), en el entendimiento de que es una herramienta que necesitan los intendentes y una forma más ágil de conseguir (otra fuente más de) financiamiento para obras.
