La Corte Suprema ordenó investigar las amenazas contra el periodista Rodolfo Barilli
La Justicia en lo criminal y correccional nacional deberá investigar la denuncia por amenazas coactivas contra el conductor, su esposa y su hijo, a raíz de los mensajes que recibió a través de Instagram por parte de un usuario que le exigía la difusión de una información.
La Justicia en lo criminal y correccional nacional deberá investigar la denuncia por amenazas coactivas contra el periodista Rodolfo Barilli, conductor del noticiero Telefé Noticias, su esposa y su hijo, a raíz de los mensajes que recibió a través de Instagram por parte de un usuario que le exigía la difusión de una información.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia dispuso que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional sortee al magistrado/a que deberá profundizar la investigación.
Es que el máximo tribunal, siguiendo el criterio de la Procuración General, dirimió entre un conflicto de competencia entre el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti; y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y resolvió que el caso debía tramitar en el fuero penal ordinario, aunque no hubiera sido parte de la contienda.
La causa fue radicada por Rodolfo R. Hernani Barrilli, quien detalló que tanto él como su hijo y su esposa comenzaron a recibir mensajes amenazantes, en Instagram. Allí detalló que esa persona le exigiría publicar información sobre presuntos hechos delictivos de los que tendría conocimiento. “Estas exigencias se habrían extendido a sus familiares, con advertencias de muerte, tortura y otras consecuencias, por las que se sintió intimidado”, señaló el dictamen del Ministerio Público.
El juzgado federal encuadró el caso como un delito de “amenazas simples” y declinó su competencia a favor de la justicia de esta ciudad al considerar que aquellas tenían motivación particular y que no se advertía una afectación a la seguridad nacional u otros intereses del Estado. En cambio, el magistrado de CABA sostuvo que el caso no debía tramitar en los tribunales locales: afirmó que “las amenazas habrían tenido como finalidad” que Barilli, “en su calidad de periodista, difundiera la información aportada por el imputado, los hechos constituirían el supuesto delictivo de amenazas coactivas, cuyo conocimiento corresponde a la justicia nacional por no haber sido transferido a la ciudad”.
El Procurador General Eduardo Casal analizó que, si “las amenazas denunciadas tendrían estricta motivación particular, y no se observa la posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado nacional o alguna de sus instituciones”, corresponde “continuar la investigación ante la justicia ordinaria”.
“Al menos de momento, no puede descartarse que los hechos resulten subsumibles en el delito de amenazas coactivas, por lo que, al no haberse traspasado esta última figura a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su conocimiento corresponde al fuero nacional en lo criminal y correccional que, en definitiva, posee la más amplia competencia”, reseñó.
“Sin perjuicio de cuanto resulte con posterioridad, opino que compete a la justicia nacional en lo criminal y correccional proseguir la presente investigación, aunque no haya sido parte en la contienda “, detalló el dictamen. La Corte respaldó esa interpretación y ahora se sorteará qué juez e ese fuero toma el caso.
