La diversidad cultural provoca debates sobre los derechos individuales

El multiculturalismo y la tolerancia fueron durante muchos años las banderas de la mayoría de las democracias europeas que evitaron vulnerar los derechos individuales de las minorías, ante el temor de ser acusadas de discriminación cultural o religiosa.

Pero el silencio ante la diversidad terminó produciendo el efecto inverso al buscado ya que dejó sin protección a los más vulnerables dentro de las propias comunidades.

El eslogan de “todas las culturas son iguales” puede sonar progresista, pero se vuelve injusto cuando esa consigna sirve para tolerar la violación de derechos básicos. No es nada cultural forzar matrimonios, castigar la apostasía, ni en callar a mujeres, disidentes o minorías sexuales. Esto que sucede en muchas culturas no es diversidad: es coerción.

En el Reino Unido, por ejemplo, durante mucho tiempo se toleró la existencia de los sharia councils informales, que son tribunales de arbitraje islámicos que resuelven disputas civiles, mayoritariamente matrimoniales y familiares, según la ley islámica. Estos actuaban en las comunidades musulmanas en tierras británicas y, a pesar de no tener validez legal en el territorio, en la práctica muchas mujeres fueron presionadas a aceptar divorcios desiguales o a no denunciar violencia doméstica. Ante esto, el Estado, por “sensibilidad cultural”, demoró su intervención y el resultado fue la desprotección real de derechos civiles.

Otro claro ejemplo ocurrió en Suecia, donde la exageración por la tolerancia llevó a una intervención tardía en barrios altamente segregados, donde se consolidaron normas sociales paralelas y creció el crimen organizado.

En Alemania, durante años se permitieron matrimonios forzados, abandono escolar de niñas y coerción familiar, todos casos como “asuntos culturales”. Solo cuando pasaron a ser abordados claramente como delitos penales comenzó a ofrecerse protección efectiva a las víctimas.

Por el lado de Francia, tras décadas de ambigüedad, el Estado decidió reforzar su modelo de laicidad, dejando en claro que la neutralidad religiosa del espacio público no es negociable. El giro no estuvo exento de tensiones, pero marcó un principio clave: la religión no puede imponerse por encima de la ley común.

El problema central del relativismo cultural extremo en que estuvieron varios países europeos es que desplaza el foco desde el individuo hacia la “comunidad” o la “tradición”. Cuando esto ocurre, quienes más sufren son precisamente los sectores más débiles dentro de esas comunidades: mujeres, jóvenes, disidentes religiosos, ex creyentes.

La verdadera igualdad no consiste en pedir menos a algunos, sino en proteger a todos por igual. Un Estado democrático no puede delegar derechos en tradiciones, ni justicia en costumbres, ni libertad en líderes comunitarios. Hacerlo implica aceptar una ciudadanía de segunda categoría para ciertos grupos, algo incompatible con los valores democráticos.

Los países que lograron enfrentar mejor este dilema no son los que rechazaron la diversidad, sino los que establecieron límites claros. La libertad religiosa es un derecho fundamental, pero no incluye el derecho a imponer creencias, ejercer coerción ni vulnerar libertades individuales.

Defender la diversidad no implica renunciar a la ley. Y defender la libertad religiosa incluye también el derecho a disentir, a salir de una religión y a no creer.

Cuando el relativismo cultural y religioso se amplifica sin condicionamientos comienzan a prevalecer los grupos extremistas sin importar los derechos individuales y las leyes de cada territorio que habitan y como siempre ocurre, lo terminan pagando los más vulnerables.