Venezuela: la Asamblea Nacional aprobó una amnistía para los presos políticos
En medio de huelgas de hambre y fuertes cuestionamientos de ONG y familiares, la Asamblea Nacional de Venezuela retoma el debate de la ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos, pero cuyo articulado genera tensiones internas y riesgos de exclusión.
La Asamblea Nacional de Venezuela retomó este jueves el debate sobre el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en medio de una creciente presión social y política por la liberación de los presos políticos. El reinicio de la discusión ocurre en un clima cargado de tensión, marcado principalmente por la huelga de hambre iniciada por un grupo de mujeres que exigen la excarcelación inmediata de sus familiares detenidos por motivos políticos.
El proyecto había sido aprobado en primera discusión dos semanas antes y, desde entonces, los legisladores sostuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, ONG y familiares de presos políticos con el objetivo de revisar el borrador y recoger observaciones. Uno de los puntos más comentados es que la ley podría beneficiar a detenidos desde 1999, un período que abarca los 27 años del chavismo. Entre los posibles beneficiarios se encuentran dos ciudadanos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
Sin embargo, la aprobación final se encuentra estancada debido a discrepancias en torno a artículos clave, especialmente uno que exige que las personas alcanzadas por la amnistía deban presentarse ante los tribunales para acogerse al beneficio. La ONG Acceso a la Justicia ha cuestionado esta cláusula, argumentando que contradice la naturaleza de la amnistía y presupone responsabilidad penal. La organización también advierte sobre un “conflicto de intereses”, ya que la ejecución de la ley recaería en tribunales y en la Fiscalía, instituciones señaladas por su participación en prácticas de represión masiva, según informes previos de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Otro cuestionamiento importante es la limitación temporal incluida en el artículo 6, que acota los efectos de la ley a diez períodos específicos de agitación política, desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas posteriores a la polémica elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esta restricción dejaría fuera numerosas detenciones consideradas políticas por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El debate legislativo se desarrolla mientras afuera del Parlamento crecen las manifestaciones. Estudiantes universitarios, activistas y familiares de detenidos han protagonizado movilizaciones para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. Las protestas se intensificaron especialmente en las afueras del centro de reclusión El Helicoide, donde las familias realizaron vigilias y misas públicas pidiendo avances concretos.
Aunque la Asamblea tenía previsto aprobar la ley en esta sesión, el debate final fue aplazado debido a las diferencias internas entre los bloques parlamentarios. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció que la discusión continuará en la próxima sesión ordinaria, clave para determinar el futuro político y judicial de cientos de detenidos.
La medida es vista por algunos como una oportunidad para abrir un período de reconciliación nacional tras años de crisis institucional, mientras que otros sectores la consideran insuficiente o incluso riesgosa, por sus exclusiones, contradicciones y exigencias de reconocimiento de hechos que muchos detenidos niegan haber cometido. Para los familiares, el retraso en la aprobación es un golpe más en una larga espera marcada por la incertidumbre.
