Ordenan la liberación de 379 presos políticos en Venezuela: la situación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los argentinos detenidos
La administración interina de Delcy Rodríguez avanza en la liberación de presos políticos, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que cientos aún permanecen tras las rejas y que el alcance de las libertades concedidas es motivo de debate.
Venezuela atraviesa jornadas de importantes cambios políticos y definiciones que marcan un antes y un después en el país caribeño, impulsadas a raíz de la captura del pasado sábado 3 de enero de su ahora expresidente, Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Delta de los Estados Unidos como parte de una operación contra el narcotráfico.
En la actualidad, Maduro junto a su esposa Cilia Flores -quien también fue capturada en la misma operación del 3 de enero-, permanecen cautivos en Nueva York a la espera de un juicio político que determine su culpabilidad o no con respecto a la acusación que pesa sobre ellos de ser los líderes del narcotráfico en Venezuela.
Entretanto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez, reemplazante de Maduro, sigue con sus anuncios respecto de los presos políticos que mantiene Venezuela en el país y anunció la reciente amnistía y liberación inmediata de 379 detenidos.
Movimientos históricos en Venezuela
El anuncio de la liberación de 379 presos políticos se da luego de que el viernes pasado el gobierno venezolano anunciara la aprobación de una histórica ley de amnistía.
El anuncio fue llevado a cabo por el parlamentario Jorge Arreaza, encargado de verificar el proceso, y precisó que las personas liberadas “deben ser excarceladas entre la noche de hoy y la mañana de mañana”.
La medida se enmarca dentro de los postulados de la propia presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (del riñón del chavismo) que planteó la necesidad de avanzar hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.
Presos políticos en Venezuela: ¿cuántos argentinos hay?
Antes del anuncio reciente sobre la implementación de la nueva ley de amnistía, la ONG Foro Penal documentó que cerca de 650 personas permanecían detenidas por motivos políticos en el país, pese a los esfuerzos del gobierno interino para liberar a opositores luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense a principios de enero.
En ese contexto, la gestión de Delcy Rodríguez ya había otorgado libertad condicional a 448 opositores, aunque un número significativo de prisioneros seguía bajo custodia al momento de la publicación de la norma de amnistía.
Foro Penal basa sus cifras en seguimiento directo de casos, monitoreo de liberaciones y verificación de identidades, y ha subrayado diferencias entre los números oficiales y los que ella misma ha podido confirmar. La organización advierte que, aunque se han registrado excarcelaciones desde principios de año, centenares de detenidos continúan encarcelados, muchos con procesos judiciales complejos o bajo medidas restrictivas, lo que genera dudas sobre el alcance real de las libertades concedidas.
En ese contexto, dos argentinos aún están privados de su libertad en Venezuela: el gendarme Nahuel Agustín Gallo y el abogado Germán Darío Giuliani.
Gallo fue detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Colombia y se encontraba de vacaciones para visitar a su familia cuando fue arrestado, acusado de estar vinculado con “actividades terroristas”, además de ser un supuesto enviado del Gobierno argentino con el fin de desestabilizar el entonces mandato de Maduro.
Por su parte, Giuliani está detenido desde mayo de 2025 cuando intentaba entrar a Venezuela por motivos laborales. Según su familia, fue víctima de desaparición forzada y está acusado de haber intentado sabotear elecciones.
Respecto de la decisión actual de la amnistía anunciada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, respaldó la iniciativa y sostuvo que la ley “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”.
En esa misma línea, Delcy Rodríguez calificó a la ley como “un acto de grandeza” por parte de su país.
