La presión social logró frenar a la empresa nacional de agua de Israel Mekorot en Chile en medio de denuncias por irregularidades
El caso se suma a otros antecedentes en América Latina, como en República Dominicana, Brasil y la provincia de Buenos Aires, donde iniciativas vinculadas a Mekorot también fueron cuestionadas o frenadas tras la intervención de organizaciones civiles.
En un contexto marcado por el debate global sobre el acceso al agua, Chile decidió no renovar el contrato que mantenía en la región del Biobío con Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel. La medida se dio en un escenario de creciente presión social y coincide con el mes del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.
La decisión llegó luego de una serie de cuestionamientos al vínculo entre el Estado chileno y la compañía. Según se denunció, Mekorot no presentó el informe final correspondiente al acuerdo, a pesar de haber recibido un pago parcial con fondos públicos. Esta situación derivó en una denuncia formal presentada en marzo de 2024 por la organización Abogados por Palestina, que advirtió sobre posibles irregularidades en la contratación y la ausencia de un proceso de licitación pública.
A partir de esa presentación, el organismo fiscalizador inició una investigación que aún se encuentra en curso. En paralelo, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos impulsaron movilizaciones y campañas de visibilización que sumaron presión para que el contrato no fuera prorrogado.
Cuestionamientos internacionales a Mekorot
Mekorot es la empresa nacional de aguas de Israel y figura en listados de organismos internacionales vinculados a actividades en territorios en conflicto. Diversas organizaciones la acusan de participar en prácticas de gestión del agua que afectan a la población palestina, en el marco del conflicto en Medio Oriente.
Entre los señalamientos más reiterados, se menciona el control de recursos hídricos en territorios ocupados, la distribución desigual del agua y el abastecimiento a asentamientos israelíes. También se la vincula con restricciones en el acceso al agua para comunidades palestinas, lo que ha sido denunciado como una forma de desigualdad estructural en el acceso a un recurso esencial.
Presión social y debate por el acceso al agua
El caso en Chile se suma a otros antecedentes en América Latina, como en República Dominicana, Brasil y la provincia de Buenos Aires, donde iniciativas vinculadas a Mekorot también fueron cuestionadas o frenadas tras la intervención de organizaciones civiles.
La situación reabre el debate sobre el rol de empresas internacionales en la gestión de recursos estratégicos como el agua, así como la importancia de los mecanismos de control, transparencia y participación ciudadana en este tipo de acuerdos.
Mientras continúa la investigación en Chile, el caso pone en evidencia cómo la presión social y las denuncias institucionales pueden incidir en decisiones de política pública, especialmente cuando se trata de recursos esenciales y derechos básicos.
