Polémica por el estado de excepción en Honduras: piden que se anule por presuntas violaciones a derechos humanos

Estado de excepción en Honduras. Foto: EFE

Con el objetivo de combatir la violencia en el país, el estado de excepción en Nicaragua ya fue prorrogado en ocho ocasiones desde finales de 2022. Esta medida le permitió a las fuerzas de seguridad cometer violaciones a derechos humanos, según activistas y analistas que exigen su derogación.

Hasta el próximo 5 de julio, quedaron suspendidos o limitados algunos derechos y garantías por pedido de Xiomara Castro, presidenta de la nación centroamericana, para paliar la agresión que se vive en el país. Sin embargo, esta medida "no ha podido disminuir" los homicidios y otros delitos, subrayó la activista hondureña, Hedme Castro.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Foto: Reuters

El uso prolongado del estado de excepción "es una violación a los derechos humanos", ya que la medida suspende algunas garantías constitucionales, siendo esto utilizado para criminalizar a las personas más pobres, señaló.

El régimen en Honduras está en el centro de las críticas internacionales debido a que diversas organizaciones registraron en 2023 siete casos de desaparición forzada, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y tratos crueles, y uno de violencia sexual.

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Incluso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 440 denuncias contra policías y militares "por abusos", y al menos 60 masacres que dejaron el brutal saldo de 260 personas muertas, en el marco del estado de excepción.

En palabras del abogado especializado en derechos humanos, Joaquín Mejía, la medida otorga a policías y militares "amplias facultades" para determinar los criterios para detener a una persona y allanar una casa sin una orden judicial.

La recurrencia de la medida genera "una grave preocupación" porque pone en "riesgo la vida, la integridad y todos los derechos" de la población ante la supuesta implicación de policías y soldados en casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos, enfatizó Mejía.

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El estado de excepción, entre detractores y partidarios

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado jueves su "preocupación" por la participación de militares en tareas de seguridad tras la adopción del régimen de excepción.

Así, la CIDH instó a las autoridades a implementar un plan de relevo gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y adoptar una política pública nacional de seguridad integral con enfoque en los derechos humanos.

Un integrante de la Policía Militar del Orden Publico sostiene un arma incautada. Foto: EFE

Igualmente, cabe aclarar que la medida permitió detener a 32.288 personas y ejecutar 10.300 órdenes de captura. Además, según el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, se incautaron más de 8.700 armas de fuego y redujeron en un 22% los homicidios.

"La incautación de armas de fuego y la reducción en la tasa de homicidios demuestra que (el estado de excepción) es muy efectivo", subrayó el alto oficial.