Costos políticos, presiones y entretelones de la renuncia de Valentín Díaz Gilligan
Valentín Díaz Gilligan se vio obligado a renunciar a su cargo como subsecretario general de Presidencia como consecuencia de la controversia que generó su caso, pero sobre todo debió hacerlo por el costo interno del Gobierno en mantenerlo y la ingerencia de aliados políticos como el radicalismo y la Coalición Cívica, que reclamaron airadamente que presentara ante la Justicia a sus funciones.
Díaz Gilligan está envuelto en un verdadero escándalo desde que se supo que no había declarado que formaba parte de una sociedad en el Reino Unido, con una cuenta de U$S 1,2 millones en Andorra, al momento de asumir un cargo en la Ciudad en 2014.
"No creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada", argumentó, entre otras cosas, Díaz Gilligan en su carta de renuncia.
Su partida anticipada se produjo en medio de un fuerte debate en el Gobierno sobre la suerte del segundo de Fernando de Andreis sobre si se le pedía o no la renuncia, luego del respaldo del jefe de Gabinete Marcos Peña y de la posición díscola del radicalismo y la Coalición Cívica.
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De un lado de la puja estaban aquellos que pedían aguardar por el pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción y del otro, quienes apoyaban la salida directa del funcionario para contener el costo político, minimizar los daños y aplacar el impacto contra el presidente Mauricio Macri.
La controversia no pudo haberse dado en peor momento para la Administración de Macri, dado que practicamente coincidió con el caso del ministro de Finanazas Luis Caputo, que ocultó su participación en sociedades offshore antes de entrar a la función pública y el escándalo por las denuncias de la ex empleada de la familia del Jorge Triaca, Sandra Heredia, y el clima caliente en la previa de la protesta de los Moyano.
El ministro del Interior Rogelio Frigerio dijo, por su lado, que el Gobierno "no está para apañar a nadie".
Díaz Gilligan también fue denunciado en la Justicia Federal por el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, por presunto lavado de activos; quien solicitó se investigue al funcionario saliente por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, en una causa que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
Tras su partida, Díaz Gilligan dijo que renunció "para ayudar al Gobierno tras la escalada mediática. Los funcionarios estamos de paso", afirmó.
