Argentina consiguió un fallo favorable de en el juicio por la expropiación de YPF

Argentina logró un fallo a su favor por parte de la Justicia de Irlanda en la millonaria demanda llevada adelante por la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012.
Según indicó la Procuración del Tesoro de la Nación -el cuerpo de abogados del Estado argentino-, Irlanda le dio la razón a Argentina y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.
Se había solicitado reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina al pago de más de US$16.000 millones más intereses, que todavía se encuentra en instancia de apelación.
El pedido fue rechazado y el país debe aguardar la resolución estadounidense, pero tanto Burford como Eton Park promovieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras.
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Según la Procuración del Tesoro de la Nación, “la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”.
La Justicia de Irlanda falló a favor de Argentina: ¿qué significa?
En 2015, tras comprar los derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.
En 2023, la jueza Loretta Preska, de Nueva York, falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares. Burford Capital y Eton Park habían solicitado ante la Justicia de Irlanda el reconocimiento y la ejecución del fallo dictado por Preska.
Teniendo en cuenta esto, el fallo de la Justicia irlandesa no implica que la Argentina haya ganado el juicio, pero sí que consiguió un tiempo extra mientras avanza la apelación formal ante la Justicia de Estados Unidos.
Así, la medida representó un alivio momentáneo para el Gobierno nacional, que venía de sufrir un duro revés judicial y enfrentaba el riesgo de perder el 51% de las acciones de la compañía.