Por qué el gobierno de Milei postergó la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei publicó dos decretos en el Boletín Oficial durante la jornada del martes 21 de octubre. Allí promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto, misma situación que ocurre con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Por qué se postergó la aplicación tras promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
Las medidas fueron oficializadas a través de los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, donde se aclaró que ambas leyes “quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. La decisión se apoyó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que exige que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento.
La Ley de Financiamiento Universitario (27.795) busca asegurar el sostenimiento económico de las universidades públicas en todo el país, actualizando automáticamente los fondos en base a la inflación medida por el INDEC.
Además, prevé un control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación y dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los créditos presupuestarios necesarios para mantener el funcionamiento de las instituciones sin afectar los recursos coparticipables de las provincias.
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En tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796) declara la emergencia sanitaria en el área infantil y de residencias médicas por un año, con el objetivo de priorizar la inversión en insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal especializado.
También dispone la recomposición salarial inmediata para los trabajadores de la salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias o extras.
Uno de los puntos más relevantes es que el Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, garantizando su “funcionamiento pleno y sostenido”.
La norma también crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades sanitarias y representantes del COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, encargada de elaborar informes trimestrales sobre el cumplimiento de la ley.
Aunque ambas leyes fueron aprobadas por el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei, su aplicación quedará en pausa hasta que se definan los recursos. En los hechos, la promulgación sin ejecución inmediata implica un reconocimiento formal de las normas, pero sin efectos concretos hasta que el Poder Legislativo incorpore las partidas en el presupuesto nacional
