Caso fentanilo: citaron al ministro de Salud Mario Lugones bajo apercibimiento

La Comisión Investigadora de Fentanilo de la Cámara de Diputados volvió a citar al ministro de Salud Mario Lugones bajo “apercibimiento”. Además, decidió que el próximo 9 de diciembre se presentará el informe sobre la investigación que realizó el organismo parlamentario.
Si bien Lugones respondió un formulario por escrito, los legisladores no quedaron conformes con la ausencia del funcionario, así como tampoco con las de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Agustina Bisio; el director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gastón Morán, y Juan Carlos Fernández, de la ANMAT.

Por este motivo, volvieron a citar a Lugones para el jueves 20 de noviembre las 11 de la mañana a pedido del diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, quien sostuvo que el funcionario incurre en los delitos de “desobediencia y ”ocultamiento”.
Caso fentanilo: qué pasó durante el gobierno de Milei
Durante 2025, se desató una grave crisis sanitaria en Argentina por la distribución de ampollas de fentanilo clínico contaminadas con bacterias multirresistentes, entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que se atribuyeron a los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo.
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Las ampollas afectaron al menos 118 centros de salud y se estima que ya provocaron aproximadamente 80 a 100 muertes confirmadas de pacientes internados por otras dolencias, lo que llevó a la Justicia a investigar producción, distribución y controles estatales.
El impacto político fue significativo: el Ministerio de Salud, bajo la gestión del ministro Mario Lugones, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fueron señalados por demoras en actuar ante advertencias sobre las irregularidades de los laboratorios.

Por su parte, el presidente Milei acusó al kirchnerismo de estar “en el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen” al referirse al caso, mientras la oposición reclamaba respuestas sobre los fallos de control estatal.
En términos de consecuencias, ya hubo detenciones de ejecutivos de los laboratorios implicados y congelamiento de activos y se abrió una comisión investigadora parlamentaria para evaluar responsabilidades políticas y sanitarias. Las familias de las víctimas reclaman que la cifra real de muertos es superior a la oficialmente reconocida y demandan que se fortalezcan los sistemas de trazabilidad medicinal y los mecanismos de control para evitar que un episodio así vuelva a ocurrir.













