Qué son los “dólares del colchón”: todos los detalles de la Ley de Inocencia Fiscal que sancionó el Senado
La Ley de Inocencia Fiscal habilita un régimen especial por el cual los contribuyentes que poseen bienes o divisas fuera del sistema tributario argentino pueden declararlos voluntariamente y acogerse a un tratamiento diferencial.
La Cámara de Senadores aprobó este viernes 26 de diciembre la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que busca incentivar la regularización de activos no declarados, incluidos los conocidos popularmente como “dólares del colchón” o dinero conservado fuera del sistema formal. La iniciativa fue sancionada con amplio debate y se convierte en una pieza central del paquete de reformas económicas que impulsa el Gobierno.
La Ley de Inocencia Fiscal habilita un régimen especial por el cual los contribuyentes que poseen bienes o divisas fuera del sistema tributario argentino pueden declararlos voluntariamente y acogerse a un tratamiento diferencial, con beneficios que incluyen la reducción de multas y la posibilidad de regularizar su situación sin enfrentar las penalidades que corresponderían en un régimen tradicional de fiscalización. La norma apunta a atraer al mercado formal activos que, de otro modo, quedarían fuera del circuito económico declarado.
El término “dólares del colchón” se utiliza de manera coloquial para referirse a ahorros en moneda extranjera acumulados fuera del sistema bancario o formal, muchas veces guardados en efectivo o en cuentas no declaradas. Aunque el uso del término es popular, la ley no se limita únicamente a esos depósitos físicos: también abarca otros activos que no han sido incluidos en declaraciones fiscales previas. Esta iniciativa se desarrolla en medio de un contexto en el que el Gobierno busca ampliar la base de activos formales y fortalecer la recaudación sin apelar únicamente a subas de impuestos.
El régimen especial contempla plazos y condiciones para que quienes adhieran puedan regularizar sus tenencias. Entre los beneficios, se encuentran tratamientos diferenciales en materia de multas e intereses, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones formales que la ley impone para la adhesión. La idea es generar incentivos positivos para que quienes mantenían activos sin declarar los incorporen a la economía formal, mejorando la previsibilidad fiscal y la transparencia tributaria.
Los senadores que respaldaron la iniciativa destacaron que la Ley de Inocencia Fiscal busca “desalentar la informalidad y la evasión, y favorecer la incorporación de capitales al mercado formal”, argumentando que esto puede traducirse en mayores inversiones y una mayor liquidez en la economía local. Por el contrario, sectores opositores y economistas críticos plantearon dudas sobre el impacto real de la medida, advirtiendo sobre la posible inequidad de aplicar tratamientos más favorables a quienes no cumplieron con sus obligaciones fiscales desde un principio.
Con la sanción de esta ley, el Ejecutivo y los legisladores oficialistas esperan que un volumen significativo de activos hoy no declarados se integre al sistema económico formal, con efectos positivos sobre la recaudación y la orientación de recursos hacia inversiones productivas. A futuro, la implementación del régimen y sus resultados serán observados de cerca por economistas, contribuyentes y organismos internacionales como indicadores del clima de negocios y del enfoque fiscal del país en 2026.