Eduardo Belliboni. FOTO NA
Eduardo Belliboni. FOTO NA

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni en la causa en que en la que fue procesado, junto a otros 17 acusados, por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudar al Estado, expediente que ya fue enviado a juicio oral.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por falta de sentencia definitiva el planteo que había formulado la defensa de Belliboni contra el fiscal que instruyó la causa, Gerardo Pollicita, al que habían recusado por enemistad manifiesta.

De acuerdo con la acusación de Pollicita, Belliboni junto a los otros investigados instauraron entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica y defraudaron al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos.

La investigación se abrió a fines de 2023 cuando el Gobierno de Javier Milei habilitó un número telefónico, el 134, para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales en relación a si eran obligados a entregar parte de lo que percibían o a concurrir a marchas o piquetes.

El dirigente del Polo Obrero afirmó que es una causa “escandalosamente fraudulenta”, que el proceso es “irregular, ilegal y violatorio” de los derechos de defensa y que se trata de una “persecución política descarada impulsada” por el Gobierno de Javier Milei y sus funcionarios.

La Corte Suprema rindió homenaje a los jueces del juicio a las Juntas. Foto: Prensa

Además de Belliboni, fueron procesados y enviados a juicio oral María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.

Según el fallo del juez Sebastián Casanello, el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 de pesos para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios, pero “una importante parte de estos fueron administrados indebidamente”. “Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez. “A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos”.

El fiscal Pollicita también había pedido la indagatoria de Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández y titular de Barrios de Pie, organización barrial cuyos dos integrantes también fueron enviados a juicio oral porque en su rol de funcionario público debía controlar las rendiciones que hacía el Polo Obrero. Para la Fiscalía la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos de la ex Secretaría de Economía Social —encabezados por Emilio Pérsico— quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real".

En febrero de 2025, la defensa de Belliboni recusó al fiscal, pero el juez federal Sebastián Casanello rechazó in límine el planteo por entender que no había enemistad entre ellos y que, además, la pretensión de esa supuesta enemistad debe ser previa al inicio de la causa. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal respaldaron la decisión.